Frenazo de última hora. El equipo de gobierno popular de Benidorm ha descartado, de momento, imponer multas a los propietarios del viejo hotel Selomar ante el mal estado que presenta el edificio, ubicado en primera línea de la playa de Levante, como confirmó ayer la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles. Un paso con el que ahora la administración local vuelve a dar un nuevo margen de maniobra a la conocida familia Almodóbar -de la que forma parte el senador popular Agustín Almodóbar-, titular del inmueble, para que acometa las mejoras necesarias para garantizar la seguridad y el ornato en la finca que antaño albergó uno de los alojamientos más emblemáticos de la ciudad turística.

El conocido hotel Selomar fue cerrado hace una década y la falta de mantenimiento fue lastrando un edificio que, para más «inri», sufrió un incendio hace un año y medio, haciendo saltar las alarmas sobre la inseguridad e inestabilidad del mismo. Tras muchas idas y venidas, más de doce meses después de que tuviera lugar el fuego que destrozó parte de la fachada y causó daños en los pilares del inmueble, el gobierno local del PP decidió trasladar, en octubre de 2016, una orden de ejecución subsidiaria a los dueños del edificio para que éste fuera acondicionado. Ante la falta de respuesta, cuatro meses después, en febrero de este mismo año, el Consistorio repitió la jugada que, según la edil de Urbanismo, se ha saldado con éxito.

Así, Caselles explicó ayer, a preguntas de este diario, que la propiedad del inmueble trasladó un certificado hace cosa de una semana donde concretaba que ya se habían ejecutado los trabajos para reforzar los pilares dañados tras el incendio. «Han cumplido con parte de la orden de ejecución que le trasladamos», indicó la edil de Urbanismo, quien apostilló que tras esta buena nueva ahora la intención es que completen la totalidad de las obras para acondicionar el inmueble. En caso contrario, la concejal amenazó ayer con la imposición de nuevas sanciones. Aunque, las primeras, nunca llegaron a materializarse.

Contradicciones

La versión ofrecida por la edil de Urbanismo choca de pleno con el contenido del decreto por el que se han levantado las sanciones a la titularidad del viejo hotel Selomar, como denunció ayer ante los medios el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra.

De hecho, el documento en cuestión, al que tuvo acceso ayer este diario, vincula la retirada de las sanciones al hecho de que una tercera empresa, la mercantil Malisandre Development, tiene todavía en vigor la licencia de obra que la misma Concejalía de Urbanismo le entregó hace ahora un año para remodelar el inmueble. Un permiso que el citado grupo inversor solicitó dentro del preacuerdo que había alcanzado con la titularidad del inmueble para la compra del mismo. La preventa ha terminado en los tribunales por la falta de acuerdo económico, pese a ello, la mercantil mantiene los permisos para ejecutar una reforma y devolver la actividad hotelera al edificio.

En el decreto se dice que «hasta que no se proceda a la declaración de caducidad definitiva de la licencia urbanística», en alusión a la otorgada a la mercantil Malisandre Development quedan «suspendidos de forma cautelar» las resoluciones que el Ayuntamiento viene enviando a los propietarios del Selomar para que acondicionen el mismo.

Mala imagen

Toda una rocambolesca historia que sólo tiene un claro perjudicado: la imagen de Benidorm. Por ello, el concejal de Compromís y portavoz de la coalición Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, reclamó al gobierno local que aplicar la ordenanza de medio ambiente respecto a la obligación de limpieza y ornato, acorde con el entorno urbano, que tienen los propietarios de los solares que lindan con la vía pública o de cualquier inmueble de la ciudad. Una maniobra con la que se podría volver a intentar que se rehabilite la fachada del viejo hotel Selomar, según el edil.

Bigorra, además, criticó la actitud del gobierno local en este sentido. «Nos ha hecho creer que tenía mano dura imponiendo sanciones, que nunca se aplicaban, cuando en realidad no podía ni imponerlas en atención a la licencia de obras que la propia concejalía otorgó».