La defensa del exalcalde de Benidorm Agustín Navarro ha solicitado al juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que investiga el conocido como caso de los contratos, la práctica de nuevas diligencias para intentar eximir a su representado de toda responsabilidad en el levantamiento de reparos para pagar nóminas sin consignación presupuestaria durante su etapa como alcalde. Así se recoge en distinta documentación a la que ha tenido acceso este diario, así como en un auto del propio magistrado fechado el pasado 23 de enero, en el que da por atendida la petición y acuerda requerir al Ayuntamiento que, en el plazo de 15 días, aporte copias de numerosos informes o se elaboren nuevos para poder ahondar en este asunto.
El despacho del abogado Luis Bajo, que comparte la representación de Navarro junto al también letrado Javier Boix, intentaría demostrar con la práctica de estas nuevas diligencias que el exalcalde autorizó el levantamiento de los reparos de Intervención sin oír al pleno porque así se lo indicaron los técnicos y que su papel se habría limitado a la mera firma de las resoluciones que redactaban los funcionarios de dicho departamento.
El ahora concejal y diputado provincial del PSPV, Agustín Navarro, figura como investigado en la causa junto al también socialista Juan Ramón Martínez, que en aquella etapa era concejal de Personal; y la antigua jefa de este departamento, Carmen Navarro. A todos ellos se les atribuyen supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Asimismo, como ya contó días atrás este diario, el juez también ha sumado ahora al caso al coordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro, que será citado a declarar como investigado, aunque hasta la fecha no ha trascendido si se le imputan los mismos hechos que al resto u otros.
Los hechos que se investigan fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, muchos de los cuales habrían ido a parar a familiares o afines, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas. También, por la concesión de pluses, complementos, ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales, o pagos de nóminas sin que hubiera consignación en los presupuestos, entre 2009 a 2012, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase cercano a los 4,5 millones en el capítulo 1, el de Personal.
Nuevas diligencias
Entre la documentación solicitada ahora por el juez, a petición de la defensa de Navarro, para practicar nuevas diligencias de investigación se incluyen informes tanto de Intervención como de Secretaría y del propio departamento de Recursos Humanos. Entre otros, se incluyen los informes de fiscalización financiera relativos a la ejecución presupuestaria del capítulo 1 en la etapa anterior a Agustín Navarro; en concreto, desde 1999 a 2009. También se solicita copia del plan de ajuste 2012-2022; distintos informes sobre el levantamiento de numerosos reparos por parte del entonces alcalde; informes sobre el procedimiento que se aplicaba para levantar esos reparos o, en el caso de que se hubieran formulado, las alegaciones que Intervención hizo al levantamiento de dichos reparos, entre otros.
Igualmente, como ya avanzó el miércoles este diario el magistrado también ha pedido, a petición del SPPLB, un listado de todo el personal que fue contratado de forma fija, eventual o por colaboración social en el Ayuntamiento entre octubre de 2009 y 2012; y a Delegación de Alicante de la Oficina del Censo Electoral, un listado del «personal que actuó como apoderados e interventores del PSOE en las elecciones municipales del año 2011» para cotejar ambas listas.
