Benidorm estrenará, en algo más de un mes, el rastro proyectado desde hace años sobre unos terrenos anexos a la avenida Comunidad Valenciana, junto a la zona de la ITV. Y lo hará sin tener claro hasta qué punto los permisos municipales en los que se ampara para iniciar la actividad son legales. De hecho, un juez todavía debe decidir si la licencia ambiental, así como la de obras, que el Consistorio benidormense otorgó en 2015, ya bajo el actual gobierno del PP, a la mercantil Outlet Market, promotora del rastro, pueden ser o no lesivas para los intereses de la ciudad. De ser así, los tribunales podrían revocar estas autorizaciones, que contaban con los informes técnicos favorables, y en las que ahora se basa la apertura de este nuevo rastro cuyas obras ya se han iniciado, como confirmaron fuentes de la mercantil a este diario.

El rastro contó desde el primer momento con el rechazo de los comerciantes de la localidad al verlo como un foco de competencia. Tanto es así que la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (Aico) cargó duramente contra el proyecto desde el minuto uno al considerar que se trataba de un mercadillo -que sería el tercero de la ciudad- por lo que afectaba a los intereses de sus asociados. Una calificación que la mercantil Outlet Market siempre desmintió, esgrimiendo que venderían exclusivamente antigüedades. Con todo, Aico abanderó la lucha contra el rastro y llegó a acudir a los tribunales para intentar frenar su llegada. Algo que no consiguió.

Sin embargo, fue el propio Ayuntamiento quien, más adelante, inició un expediente de lesividad para ahondar en el procedimiento a través del cual se otorgaron las citadas licencias a Outlet Market. De hecho, dentro de ese proceso el Consistorio encargó un estudio a la Universidad de Alicante (UA) para saber si los permisos del negocio en cuestión podrían contravenir los intereses municipales. El informe fue demoledor y llegaba a pedir la nulidad de las autorizaciones concedidas al detectar múltiples fallos en el proceso y concluir que las mismas vulneraban la legislación vigente.

Tras este primer varapalo llegó, dos meses después, el informe del secretario municipal. Pese a que matizaba algunas de las causas alegadas por la UA, también consideraba que las licencias ambiental y de obras que se otorgaron en 2015 contravenían varios preceptos del ordenamiento jurídico.

Todo ello, llevó al gobierno local popular a pleitear contra sí mismo para intentar que el juez revocara las licencias. Una decisión que todavía sigue en el aire ya que el procedimiento jurídico todavía no se ha zanjado. Los mercadillos siempre han sido un foco de conflictos en Benidorm.

No obstante, el juez sí que rechazó adoptar medidas cautelares, como solicitó el Ayuntamiento, y descartó anular de forma preventiva las licencias que podían propiciar su apertura. Lo que a efectos prácticos abría la puerta a Outlet Market para iniciar las obras y poner en marcha el rastro.

Un paso que dará, previsiblemente, en algo más de un mes, como confirmaron ayer responsables del mismo a este diario, quienes insistieron en que «si el juez hubiera visto cualquier punto que no estuviera claro no nos habría permitido abrir». En el mismo sentido, estas mismas fuentes consideraron que los tribunales terminarán por darles la razón y criticaron la actitud de Aico. «Están gastando el dinero de sus asociados en procedimientos judiciales. Unos fondos que podrían invertir en publicidad», zanjaron.

Por su lado, la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que el Ayuntamiento no puede hacer nada hasta que el juez no se pronuncie. «Han presentado un proyecto de ejecución y debemos dar permiso hasta que no haya resolución judicial», concluyó la edil.

No hay que olvidar que los trámites para la apertura de este rastro arrancaron en 2014, aunque fue en 2013 cuando la mercantil Outlet Market presentó el escrito de compatibilidad urbanística para iniciar la actividad. Un largo camino que concluirá en algo más de un mes, hasta que la justicia se pronuncie de nuevo.