Un juez ha condenado al exalcalde socialista de Orxeta Vicente Llinares por permitir funcionar ilegalmente una planta hormigonera durante diez años en suelo protegido, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo impone tres meses de prisión y una multa de 1.080 euros al empresario responsable de la instalación por un delito contra la ordenación del territorio; así como otros tres meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación al exprimer edil por prevaricación urbanística.

El fallo declara probado que el exalcalde permitió el funcionamiento de la planta levantada sin ningún tipo de licencia en suelo protegido, en un terreno que además había sido de su propiedad. La sentencia aplica dos atenuantes al acusado: uno por reparación del daño, porque la planta fue finalmente demolida antes del juicio; y por dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada durante tres años en el juzgado de lo Penal, esperando fecha. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante.

Los hechos se remontan al año 1999 en el que el empresario acusado edificó una planta dedicada a la elaboración de hormigón en una parcela de suelo no urbanizable de especial protección, sin ningún tipo de licencia, en una zona conocida como Partida de Foieta. La empresa había adquirido el suelo al propio alcalde por un importe de 60.000 euros. Según el juez, aunque el empresario carecía de licencia para desarrollar la actividad «esperaba obtenerla en un futuro próximo de acuerdo con el alcalde».

El fallo declara probado que el exalcalde formalmente denegó la solicitud de licencia de actividad el 20 de diciembre de 1999 y abrió expediente. Sin embargo, después no adoptó medida alguna para restaurar la legalidad y consintió tanto las obras como la actividad de la planta «a sabiendas de su arbitrariedad» y pese a las reiteradas denuncias de un vecino que ha ejercido la acusación en este proceso. El juez señala que el exalcalde trató de autorizar «a toda costa» el funcionamiento de la planta, llegando a promover una modificación de las normas de planeamiento para legalizar la planta, así como una declaración de interés comunitario que la Generalitat Valenciana ni siquiera admitió a trámite y un convenio con la empresa para «anticipar provisionalmente el cambio de uso de suelo». Asimismo, la sentencia recalca que el alcalde era conocedor de que la fábrica no podía funcionar, tanto por el cargo que ocupaba como porque fue el anterior propietario del suelo.

El juez declara probado que el 4 de septiembre de 2007 la planta seguía con su actividad a pleno rendimiento hasta que se dictó una sentencia en la vía contenciosa ordenando el cese de la actividad. La instalación no se había desmantelado todavía en enero de 2009, aunque antes del juicio fue finalmente demolida, quedando en el terreno muestras de la actividad desarrollada.