Viviendas vendidas sin que se haya podido justificar el precio ni el destino del dinero entregado a cuenta; participación cruzada de empresas para desviar fondos que debían haberse destinado a construir el rascacielos, que adquirieron apartamentos o que, incluso fueron adjudicatarias de contratos para desarrollar la obra; o vinculaciones con proveedores que también pudieron intervenir en los desvíos no justificados del coste de la construcción. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha abierto un nuevo frente judicial relacionado con la construcción del mayor rascacielos de Benidorm, tras haber presentado ante la Fiscalía General del Estado un documento en el que denuncia éstas y otras presuntas irregularidades en la gestión de la promotora del edificio InTempo, la mercantil Olga Urbana, presidida por el fallecido José Ignacio de la Serna.
Las prácticas denunciadas, que apuntan directamente a este empresario pero también a otros que pudieron participar en la edificación del complejo, como accionistas, miembros del consejo de administración, proveedores, contratistas y personas con vínculos familiares con los propios gestores de la sociedad, podrían haber generado un perjuicio económico para esta compañía cercano a los 23 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la propia Sareb, y habrían podido contribuir en gran medida a la situación de quiebra técnica en la que acabó una de las grandes constructoras de la provincia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los hechos se habrían puesto en conocimiento de la Fiscalía el pasado abril, aunque no fue hasta ayer cuando el también conocido como «banco malo» anunció mediante un comunicado la presentación de esta denuncia. Lo hizo, coincidiendo con la vista que se celebró en un juzgado de Alicante en relación al incidente de demanda planteado por algunos acreedores del InTempo para reclamar una posición preferente sobre la Sareb a la hora de cobrar la deuda reclamada. De ahí que, para algunos de los perjudicados, el anuncio no es más que una «cortina de humo para desviar la atención», según declaró a este diario Mari Carmen Mascaró, gerente de la empresa Kono Estructuras, encargada de levantar el esqueleto del InTempo.
Todos los hechos relatados a la Fiscalía por parte de la Sareb se habrían producido antes de que esta entidad bancaria heredara el 31 de diciembre de 2012 el crédito de 93 millones de euros concedido por la ya extinta Nova Caixa Galicia a Olga Urbana, fundamentalmente en los primeros años de construcción del rascacielos.
Cruce de empresas
Según la entidad, la investigación que ha llevado a cabo sobre la operativa de Olga Urbana habría revelado que en los años previos al inicio de la construcción hubo un desvío de fondos cercano a los 13 millones de euros, que nunca fueron a parar a su destino final: la construcción del rascacielos. A todo ello se sumarían otras prácticas que se habrían detectado por parte de la Sareb, como que algunos de los posteriores compradores de viviendas eran accionistas o administradores de Olga Urbana, sin que se haya podido justificar los precios pagados ni el destino de las cantidades entregadas a cuenta.
El «banco malo» también denuncia presuntas vinculaciones entre Olga Urbana, bien a través de la dirección facultativa de la obra, los accionistas, los administradores, o incluso los familiares de aquellos, con sociedades mercantiles que adquirieron viviendas mediante un documento privado, incluso que fueron adjudicatarias de contratos para desarrollar la obra. Por último, vinculaciones con proveedores que también intervinieron presuntamente en los desvíos no justificados.
