La avalancha de reclamaciones que han recibido en los últimos meses los hoteles de los puntos más turísticos del país, entre ellos Benidorm, por las supuestas indisposiciones estomacales de los clientes británicos tras la ingesta de un alimento o bebida en el alojamiento en cuestión ha hecho saltar las alarmas entre los empresarios del sector, quienes ya han anunciado medidas para demostrar la falsedad de estas quejas. Así, los establecimientos de la Costa Blanca han decidido hacer frente a esta problemática y ponerle coto a base de aumentar el control sobre las consumiciones que realizan sus clientes en sus restaurantes y comedores, como adelantaron ayer desde la patronal hotelera Hosbec.
En concreto, la asociación empresarial señaló a través de un comunicado su intención de «implementar en el corto plazo sistemas de trazabilidad para sus clientes de manera que puedan establecer registros continuos relacionados con los consumos de bebidas y accesos a comedores y restaurantes». Con estos mecanismos se comprobará si los comportamientos de consumo son compatibles o no con las causas que alegan en la reclamación, que en su mayoría tienen que ver con patologías gastrointestinales. De esta manera, los hoteles podrían dejar sin efecto las quejas, siempre que puedan demostrar que el supuesto alimento o bebida ingerido por el reclamante no ha generado patología alguna entre otros clientes del complejo hotelero que también lo hayan consumido.
Una forma de blindarse ante la picaresca británica que se ha visto acrecentada este verano por la mayor presencia de abogados que incitan a sus compatriotas a reclamar ante los touroperadores para obtener la devolución de lo que han abonado por su estancia. Así, el cliente presenta una queja ante el mayorista al que han comprado sus vacaciones en la que alegan haber contraído cualquier tipo de indisposición estomacal en el hotel donde se han alojado por la ingesta de un alimento. Una vez tramitada la reclamación el tour operador acepta la queja y deriva automáticamente las cargas económicas de la misma al alojamiento en cuestión.
El hotel afectado termina pagando a los clientes que reclaman el importe que han abonado por su estancia, en concepto de indemnización, así como los costes por la asistencia legal. En este último concepto es donde los abogados británicos hacen negocio, ya que facturan el 90% del total de la reclamación, como señalaron ayer desde la patronal hotelera Hosbec. Un negocio redondo para los reclamantes y sus letrados, que está generando un importante agujero económico en las cuentas de muchos hoteles de la ciudad de los rascacielos, al igual que en el resto de España.
«El sistema británico de tratamiento de reclamaciones es un sistema tremendamente injusto, deplorable y desproporcionado, que permite tramitar como ciertas reclamaciones en las que no hay ninguna evidencia de veracidad, y que además permite inflar de forma injustificada el coste para el hotelero añadiendo pingües beneficios para los bufetes "buitres"», consideraron ayer desde Hosbec.
Afectados en otros negocios
Desde la asociación empresarial hotelera explicaron que el sistema británico es «completamente contrario al español (en España es el reclamante el que debe probar la veracidad de lo que reclama) y da cobertura a lo que los británicos denominan «claim farms» o granjas de reclamaciones que no son más que eso, empresas especializadas con un marketing muy agresivo para fomentar la interposición de miles de reclamaciones aprovechándose de las debilidades del sistema británico de reclamación». Estos «claim farms» ya han actuado en otras áreas como seguros de automóvil, productos bancarios o incluso en el propio sistema público de salud británico, en el que las reclamaciones han ascendido a más de 460 millones de libras según publicaban la pasada semana diarios británicos.
La patronal Hosbec animó al colectivo de agencias de viajes británico y a los principales touroperadores británicos para que presionen a su Gobierno y procedan a una modificación radical de este sistema de reclamación, pues de lo contrario las relaciones comerciales entre estas empresas y los hoteles españoles podrían verse «muy deterioradas».
