«Estamos pasando un calvario sin nombre, llevamos sin cobrar cinco meses, no tenemos dinero para gasolina y tenemos que venir a trabajar todos los días porque nos sentimos responsables y pensamos que nuestros residentes nos necesitan». Los trabajadores del centro ocupacional y la residencia para personas con discapacidad Hoya del Río de la Fundación Relleu, ubicada en esta localidad del interior de la Marina Baixa, denunciaron ayer el incumplimiento de «las promesas» que el pasado mes de mayo les hizo la Conselleria de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas de la Generalitat para abrir una vía de financiación y poder garantizar la continuidad del centro, del que dependen 21 personas con discapacidad, una gran parte de ellas tuteladas por la propia Conselleria.

Así lo manifestaron a través de un comunicado, en el que recuerdan que, en aquellas fechas, la secretaria autonómica del ramo, Sandra Casas, les prometió subsanar el tema económico correspondiente a la subvención que les había sido denegada, mientras se resolvía el concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa Emaús, a quien pertenece este centro y cuya deuda podría rondar los 20 millones de euros.

Sin embargo, los afectados aseguran que, a fecha de hoy, «el centro no se ha cerrado, pero sigue sin estar resuelta la parte económica». Y que, ante esta situación, la residencia y el centro ocupacional sobreviven gracias a la ayuda de particulares: «Gracias a la buena gente, en especial, a una asociación de personas extranjeras, nuestros residentes comen y se visten todos los días». Pero también están los empleados, la mayoría de ellos residentes fuera de la localidad y que han de desplazarse a diario para seguir prestando el servicio, a pesar de no tener «dinero ni para gasolina». Según relatan, la actual dirección de la empresa tampoco les da mucha información, lo que ha hecho que «la incertidumbre en estos momentos sea total, y la viabilidad de los servicios pendan de un hilo, ya que cada día faltan más puestos de trabajo por cubrir (extinciones, bajas, excedencias, etc.). Ésta situación está repercutiendo en nuestra salud psíquica y física y cada día afecta más a nuestra entorno familiar», aseguran los trabajadores.

Por todo ello, ayer exigieron a la Generalitat «el pago inmediato de nuestros salarios por los servicios prestados diariamente a 21 personas con diversidad funcional, de las cuales una gran parte son responsabilidad directa de la Conselleria» y manifestaron que «el hecho de que el actual Gobierno valenciano no se sienta responsable de nuestra situación, no le exime de su responsabilidad».