Por segunda vez en menos de dos años, el Ayuntamiento de Benidorm volverá a votar hoy en pleno la rescisión definitiva del contrato con Levantina de Servicios Acuáticos SL, la empresa que explota la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm desde mayo de 2014. La junta de portavoces acordó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente, que se celebrará esta mañana, a partir de las 9 horas, para abordar este asunto, después de que el Consell Jurídic Consultiu haya emitido un dictamen favorable a la finalización anticipada de la concesión debido a los múltiples incumplimientos de la mercantil.
Fuentes municipales indicaron ayer que el acuerdo plenario irá acompañado de un plazo para que la empresa abandone las instalaciones, sin necesidad de abrir un nuevo periodo de audiencia como ya se hizo en su día. No obstante, también matizaron que contra el mismo cabe la presentación, primero, de un recurso de reposición que, en caso de que no prosperara, permitiría a Levantina acudir a la vía del contencioso-administrativo. Por este motivo, no pudieron concretar cuándo se hará efectivo el desalojo ni tampoco si, después, se volverá a sacar a licitación el servicio o su gestión volverá a ser asumida por personal municipal.
El Ayuntamiento de Benidorm lleva cerca de dos años enfrascado en trámites para retirar la concesión de este servicio, principalmente, porque casi desde el minuto uno la empresa dejó sin atender los compromisos que adquirió cuando se formalizó el contrato. Entre ellos, los técnicos municipales realizaron el pasado marzo un informe en el que alertaban de la falta de pago del canon por importe de 5.306 euros, así como la carencia de mantenimiento de las instalaciones con desperfectos y deficiencias, impagos a los trabajadores y una serie de obras e instalación de maquinaria que no se realizó en el plazo marcado.
«Desequilibrio»
Frente a las múltiples advertencias, inspecciones e informes elaborados por los técnicos a lo largo de todo este tiempo para constatar negro sobre blanco los continuos incumplimientos de la mercantil, Levantina de Servicios Acuáticos SL alegó ante el Ayuntamiento, entre otros motivos, la imposibilidad de haber ejecutado en plazo las mejoras comprometidas en la instalación debido al «desequilibrio económico» sufrido tras el brote de legionela, que en marzo de 2015 obligó a cerrar durante quince días la piscina. Según la mercantil, este hecho provocó que el número de abonados cayera en cerca de un 50%, con la consiguiente reducción de ingresos.
Tras desestimar estas alegaciones, el gobierno local continuó adelante con el proceso de desahucio, que hoy presumiblemente se aprobará por unanimidad de la corporación.
