El ayuntamiento de Benidorm acordará el próximo lunes en pleno declarar lesiva la licencia ambiental concedida a la empresa que pretende implantar un rastro en la antigua N-332.
La decisión municipal se fundamenta en un informe del secretario, basado a su vez en otro informe previo de la Universidad de Alicante, según el cual "procede declarar la lesividad" de la licencia ambiental y de la de obras, que se obtuvo por silencio administrativo positivo.
El secretario afirma en su informe que la actividad del rastro es "contraria a los intereses públicos" y recalca que la licencia ambiental contraviene algunos preceptos del ordenamiento jurídico, como el artículo 191.3 de la LUV.
El mismo informe también indica que la licencia ambiental "se refiere a un ámbito y capacidad diferente" a los que aludía la autorización autonómica pertinente porque esta administración "tuvo en cuenta un plan de movilidad que después se modificó".
Ese motivo es suficiente, según el funcionario municipal, para concluir que la autorización de la Generalitat "carece de validez para el ámbito al que se refiere la licencia".
Como quiera que el ayuntamiento otorgó en su día las licencias al entender que el trámite era correcto y, sin embargo ahora se pronuncia en sentido contrario, el pleno tendrá que decidir también la interposición de un recurso contencioso administrativo para que sea la Justicia quien determine si el rastro puede instalarse o no.
Según ha explicado el portavoz local, José Ramón González de Zárate, para evitar que el proceso se dilate hasta que haya una decisión judicial "vamos a pedir al juez que dicte alguna medida cautelar cuanto antes en un sentido o en otro", con el objetivo de determinar si el rastro "puede instalarse o no mientras se produce la resolución judicial definitiva".
De Zárate ha dejado claro no obstante que cualquier decisión que se vaya a adoptar sobre este asunto "se llevará al pleno previo paso por la Junta de Portavoces".
