El Burger King de Jaime I se borrará del mapa después de este verano. Tras meses y meses de tira y afloja, la empresa y el Ayuntamiento han alcanzado por fin un acuerdo para que Benidorm recupere el solar municipal que desde hace años ocupa de forma irregular el local de comida rápida. Así las cosas, el gobierno local del PP trasladó ayer al resto de grupos municipales su propuesta de acuerdo para recuperar antes del próximo 15 de octubre la parcela de titularidad pública ubicada en la avenida Nicaragua, en la cual se emplaza en la actualidad el citado establecimiento.
Hay que tener en cuenta que los propietarios originales cedieron la parcela al Ayuntamiento en 1997, aunque reservándose un usufructo de diez años, periodo en el cual podían instalar en ese suelo un bar o restaurante. Vencido ese plazo hace casi una década, la administración local acordó en octubre dar por extinguido el derecho de usufructo e iniciar un expediente para desahuciar a la empresa y recuperar ese espacio para el uso público, cumpliendo así el mandato del Consejo Vecinal, como recordó ayer la edil de Patrimonio, Lourdes Caselles.
Con todo, la mercantil que gestiona el local de comida rápida se resistía a abandonar el terreno y, de hecho, presentó alegaciones a la decisión municipal que fueron rechazadas. Finalmente, la empresa trasladó un escrito al Ayuntamiento comprometiéndose a «devolver la posesión con anterioridad al día 15 de octubre».
En base a ese escrito, Caselles presentó ayer una propuesta que fue enmendada por el grupo Liberales de Benidorm y dictaminada en comisión. En el documento se establece que la mercantil deberá devolver la parcela tras haber demolido el inmueble antes del 15 de octubre. El coste del derribo del establecimiento de comida rápida lo asumirá la propia empresa y el proyecto de demolición deberá consensuarse con el Ayuntamiento.
Con la firma de este acuerdo, la empresa desistirá del procedimiento judicial iniciado contra su desahucio. Por ello, la concejal de Patrimonio indicó que se trata de un acuerdo «positivo» puesto que «asegura que esa parcela estará en manos del Ayuntamiento a mediados de octubre, algo que podría haber tardado incluso años si la empresa hubiera persistido en su pugna judicial».
Contraprestación
Desde el grupo socialista presentaron ayer una enmienda a la propuesta de aplazar hasta octubre la ejecución de la orden de desalojo, en la que solicitan que la mercantil que regenta el local abone también las obras de acondicionamiento del espacio público que ocupa. En concreto, reclaman que la empresa pague el proyecto y urbanización de este espacio, «cuyo coste no será inferior a 120.000 euros», cifró el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, quien consideró que «de no ser así, podría parecer que existen intereses ocultos que quieren evitar que esta mercantil pague una contraprestación acorde a lo que se merece la ciudad».
