El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha declarado «compleja» la causa por las contrataciones irregulares que se produjeron en el Ayuntamiento de la ciudad durante el mandato del exalcalde socialista Agustín Navarro y, por tanto, ha acordado ampliar el plazo de duración de la instrucción en un plazo de unos 18 meses.
En la causa están en calidad de investigados -antigua imputación- el exregidor, el exconcejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez; y la exjefa del departamento de Personal, Carmen Navarro, todos ellos acusados de presuntos delitos continuados de continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el auto, al que ha tenido acceso este diario, se explica que se declara «instrucción compleja» a instancias del Ministerio Fiscal e indica que el nuevo plazo finalizará el 6 de diciembre de 2017, «sin perjuicio de prorrogar por igual plazo o uno inferior» a instancias del fiscal y previa audiencia de las partes.
El documento firmado por el juez recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), se considerará que la investigación es compleja «cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, implique la realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas o se trate de un delito de terrorismo», cuestiones todas ellas que requieren de una instrucción en un plazo superior a seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. En el caso que nos ocupa, además de realizar numerosas testificales a funcionarios municipales, también se ha solicitado por parte del juzgado numerosos informes, decretos y otro tipo de documentación, que podrían haber motivado la decisión de posponer el plazo de la instrucción.
La denuncia contra Navarro fue formulada en febrero de 2013 por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ante la Fiscalía de Alicante.
Los hechos denunciados que ahora se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial entre los años 2010 y 2011 en el Ayuntamiento de Benidorm. En el auto por el que el juez declaraba la imputación de los tres se citaba, con respecto a la aprobación de la RPT de aquel año, que había un informe negativo de Intervención relativo a subidas salariales que, según la denuncia, «fue ocultado».
Otros hechos denunciados estaban relacionados con un incremento de la masa salarial por encima de lo autorizado en la Ley de Presupuestos Generales de 2010, cifrado en 779.215 euros; con la vinculación al PSPV-PSOE de empleados municipales contratados en aquel período o con el hecho de haber sobrepasado la dotación presupuestaria en las contrataciones mediante el acuerdo de colaboración social con el INEM.
Asimismo se denunciaron otras cuestiones relacionadas con el informe de fiscalización del departamento de Intervención que ponía de manifiesto, entre otros asuntos, que no se había respetado el límite de gastos en Personal ni los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en determinados contratos o que se había evitado la fiscalización previa de las nóminas por parte de Intervención.
