La defensa de la exconcejal socialista Isabel Martínez atribuyó ayer la querella de una funcionaria del área de Bienestar Social contra la antigua responsable del departamento al «malestar» generado en esta delegación y en el conjunto del Ayuntamiento a raíz de la moción de censura que tuvo lugar en septiembre de 2009. Así lo expuso el letrado de oficio asignado para defender el interés municipal durante las conclusiones de las partes en la segunda y última jornada del juicio celebrado por el Juzgado de lo Penal número 2 contra Martínez por un presunto delito de acoso laboral a María Dolores Lillo, la coordinadora de Bienestar Social mientras fue concejal.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden año y medio de cárcel para la exconcejal y una indemnización por el tiempo en el que la trabajadora sufrió este supuesto acoso, que cifran en 404 días y que, según mantienen, le provocó ansiedad y depresión.
El abogado expuso que los hechos podrían responder a una «querella infundada por el enfado o molestias por el cambio de puesto de trabajo» de esta funcionaria y agregó que, «en el contexto de una moción de censura, los cambios y modificaciones en el personal son habituales. En este caso, a la funcionaria el nuevo lugar no le debió gustar tanto y de ahí vino todo el problema», consideró.
Esta tesis fue respaldada también por el propio defensor de la exconcejal, que para ahondar aún más en el supuesto calado político que, a su juicio, podría tener la querella alegó que existen «sindicatos que han presentado denuncias contra el grupo de gobierno anterior por cuestiones políticas», para intentar relacionar este hecho con otros casos denunciados por el SPPLB contra la gestión del PSOE al frente del Consistorio. Asimismo, la defensa de Martínez indicó que, tras el cambio del equipo de gobierno, la exedil «pretendió hacer valer su condición de concejal, asumir responsabilidades, mandar en el departamento. De ahí a que esto sea un acoso o un delito contra la integridad moral, dista sustancialmente».
Por todo ello, ambos letrados solicitaron la absolución de la concejal de Bienestar Social entre septiembre de 2009 y mayo de 2011 y, a su vez, la del propio Ayuntamiento, que es parte en el proceso como posible responsable civil subsidiario de los hechos juzgados.
«Una situación continuada»
Frente a las teorías expuestas por los dos abogados que ejercen la defensa, tanto la Fiscalía como la acusación particular reiteraron ayer que, a su parecer, en el juicio ha quedado «acreditada la situación continuada de acoso laboral» y, entre otros, expusieron que su nómina se vio mermada en 700 euros, sus funciones quedaron «reducidas a poco o nada» y se le decretó un traslado «a todas luces injustificado» y en un despacho «que no reunía las condiciones necesarias y mínimas de trabajo».
Durante la sesión de ayer, acudieron a declarar como testigos los coordinadores de Recursos Humanos y Centros Sociales, nombrados en su día por el exalcalde socialista Agustín Navarro, que en ambos casos no pudieron concretar la relación entre denunciada y denunciante, al no haber coincidido con ambas en el contexto laboral. Ahora bien, éste último sí manifestó que la situación entre ambas era «tensa», como también expusieron durante la primera jornada del juicio varias trabajadoras sociales, y negó que la coordinadora hubiera destruido documentación oficial antes de su traslado.
También compareció la antecesora de Martínez al frente de Bienestar Social, la popular Carmen González, así como el exconcejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, del PSOE. También testificó un perito de la Universidad de Murcia que participó en la elaboración de un informe psicológico a María Dolores Lillo aportado como prueba por la acusación particular, que ha sido impugnado por la defensa. Entre sus conclusiones, el informe aprecia que la funcionaria sufrió un «trastorno de adaptación mixto por ansiedad y estado deprimido» por «una situación de acoso laboral u hostigamiento».
