Un plazo de 10 días. Este es el tiempo que tiene la mercantil concesionaria de la gestión de la piscina municipal del Palau d'Esports para volver a presentar alegaciones contra su desalojo de las instalaciones. El reinicio del expediente de desahucio de la empresa, que se decidió el pasado mes de marzo en pleno, ante el temor de que el trámite hubiera caducado ha obligado al gobierno local popular, dirigido por Toni Pérez, a partir de cero en este asunto.
Por ello, el pasado lunes se aprobó por decreto, al que tuvo acceso este diario, dar audiencia de nuevo a la concesionaria de la gestión de la piscina municipal, la empresa Levantina de Servicios Acuáticos, SL, para que presente alegaciones, en caso de que así lo considere, contra su desalojo de las instalaciones deportivas de Benidorm. El incumplimiento del pago del canon o la falta de ejecución de las mejoras incluidas en el pliego de condiciones fueron, entre otros, algunos de los detonantes que llevaron al Consistorio a dictaminar la resolución del contrato.
«El reinicio del expediente implica que debemos hacer de nuevo todas las actuaciones previas», explicó la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien a su vez recalcó que el gobierno local sigue cumpliendo con el procedimiento para ejecutar el desahucio y, de esta forma, municipalizar el servicio.
Falta de transparencia
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, criticó que «después de estar dos semanas preguntando por el estado de la resolución del contrato, sin recibir respuesta, tenemos que enterarnos por decreto de que se ha vuelto a dar trámite de audiencia a la empresa que explota la gestión de la piscina». Bigorra criticó la «falta de transparencia» en este sentido y exigió que «se resuelva lo antes posible el expediente porque ya se ha perdido mucho tiempo desde que se comprobó que esta empresa no cumplía el pliego de condiciones».
Hay que recordar que como ya adelantó este diario la empresa concesionaria ejecutó obras de mejora en las instalaciones, cumpliendo con parte del pliego de condiciones pese a estar al borde del desalojo. Por ello, Bigorra advirtió de que «cuando se resuelva el contrato deberá tenerse en cuenta su incumplimiento si es que piden indemnizaciones por las reformas que han hecho».
