El ministerio de Hacienda ha embargado una parte del salario que el actual portavoz del grupo municipal de Ciudadanos por Benidorm, Arturo Cabrillo, percibe por su trabajo como concejal. Un sueldo que ronda los 1.000 euros y del que, a partir de este mismo mes, el edil solo recibirá un porcentaje al retenerle el resto el Estado tras la condena por delito fiscal que pesa sobre el regidor desde hace seis años.
Así se notificó la pasada semana al Ayuntamiento de Benidorm, como explicó el propio Cabrillo, quien se mostró dispuesto a saldar su deuda con el fisco. Como relató el edil su condena por delito fiscal se remonta al año 2010. Entonces Cabrillo vivía en Salamanca y allí gestionaba una empresa familiar del sector de la construcción. Todo marchaba bien para el actual regidor de Ciudadanos por Benidorm -el partido que fundó el actual concejal no adscrito Leopoldo Bernabeu- hasta que una inspección tributaria recayó sobre la sociedad de la que era propietario, junto a otros miembros de su familia, en la que se detectaron ciertas irregularidades en el pago del Impuesto de Sociedades con las que el Estado grava los beneficios de las empresas.
En concreto, el problema surgió, siempre según la versión expuesta a este diario por el propio edil, porque la cantidad abonada al fisco era inferior a los ratios establecidos para el volumen de facturación de la empresa de la que era titular. Para subsanar el fallo debería haber abonado 150.000 euros. Sin embargo, en lo que intentaba reparar la falta inicial, Hacienda detectó una nueva irregularidad en un pago trimestral del IVA. Cabrillo indicó que este nuevo desencuentro con el fisco se debió a un error originado por el asesor que gestionaba las cuentas de la mercantil con sede en Salamanca.
Con todo, ambas irregularidades se sumaron en un mismo expediente por el que Cabrillo debía abonar a las arcas del Estado la friolera de 300.000 euros -cincuenta millones de las antiguas pesetas-. «Yo no disponía de liquidez para pagar esta cantidad ni tenía bienes libres de cargas para solventar el impago», relató el regidor. Toda esta situación llevó a la quiebra al ahora concejal, que se vio obligado a cerrar el negocio familiar y sobre el que, además, cayó una condena de dos años de prisión y 153.000 euros de multa. La ausencia de antecedentes le evitó la pena de cárcel pero la sanción económica sigue sin haber sido abonada a día de hoy.
Cabrillo se trasladó a Benidorm, donde un familiar tenía una vivienda, y seis años después es concejal. Ahora, con su salario, podrá saldar su deuda con el Estado. El edil recalcó ayer que tras el embargo del sueldo ha puesto su cargo a disposición del partido, pero sus compañeros le han avalado para seguir como portavoz de la agrupación.
