El procedimiento para la venta del rascacielos In Tempo se prolongará tres meses más. Un capítulo en esta rocambolesca historia que debería haberse cerrado ayer pero que, sin embargo, se ha prorrogado hasta el próximo 4 de julio, según pudo saber ayer este diario. Como se recordará, el plazo para presentar ofertas para la adquisición de este emblemático edificio del «skyline» de Benidorm arrancó el pasado 4 de enero, después de que, un mes antes, el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante aprobará el plan de liquidación de Olga Urbana, la empresa promotora del mismo.
La prórroga del periodo de presentación de ofertas permitirá a los interesados concurrir a la fase de venta directa de estos dos bloques de hormigón de más de 200 metros de altura para poner nuevas propuestas encima de la mesa durante los próximos tres meses. Aunque no hay un precio mínimo establecido para presentar ofertas para la adquisición del mayor rascacielos de viviendas familiares de Europa, no hay que olvidar que la ejecución del In Tempo no ha llegado a su fin -todavía queda por desarrollar un 5% de la construcción- y fue tasado en cerca de 90 millones. Aunque, por otro lado, fuentes cercanas a la operación dudan de que se llegue a vender por más de 50 millones pese a que la promotora del edificio arrastra una deuda con sus acreedores de 141 millones de euros.
Por ahora no han trascendido las causas que han llevado a la administradora concursal del procedimiento a ampliar el plazo para formular ofertas. Si bien, hay que tener en cuenta que esta opción estaba contemplada dentro del plan de liquidación que elaboró la propia responsable del proceso y que fue aprobado por el juez el pasado mes de diciembre.
No obstante, según apuntan fuentes cercanas a la liquidación de Olga Urbana, la decisión de la administradora concursal de ampliar el periodo puede obedecer a varios motivos. La ausencia de ofertas podría ser uno de los factores que han provocado la prórroga de la fase de venta directa, aunque esta es la opción menos probable debido al interés mostrado por grupos inversores. La presentación de propuestas económicas a la baja para adquirir el In Tempo podría ser otro de los detonantes de la decisión, señalan estas mismas fuentes.
Con todo, otras personas vinculadas al proceso aseguran que la ampliación del plazo estaría relacionada, de forma directa, con el desarrollo de procedimientos judiciales paralelos a la operación de venta del rascacielos. Una teoría que cobra fuerza si se tienen en cuenta las batallas que, a día de hoy, se libran entre los acreedores de Olga Urbana en los tribunales.
Este diario intantó ayer ponerse en contacto con la administradora concursal, sin éxito.
Procesos paralelos
De hecho, una de las empresas a la que todavía se le adeuda una importante suma de dinero por la construcción del In Tempo ha interpuesto una demanda contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el principal acreedor- al entender que ejerció como «administrador de hecho» durante la construcción del rascacielos. Un litigio que se dilucidará, previsiblemente, el próximo mes de junio.
El desenlace de este procedimiento judicial podría terminar repercutiendo en el plan de liquidación de Olga Urbana a través del cual se desarrolla la venta directa del rascacielos. Pero éste no es el único. Varios acreedores presentaron recursos en este sentido. Entre otras cosas, porque entendían que la Sareb no debía de estar en primera posición, aludiendo a que había ejercido el papel de gestor. No hay que olvidar que cuando la administradora concursal inició este proceso confeccionó una lista en la que determinaba el orden de cobro de los diferentes acreedores, estableciendo escalas de prioridad: privilegio especial, privilegio general, ordinario y subordinado. La Sareb (también conocido como el «banco malo») aparecía en el escalafón de privilegiado.
Cabe recordar que el «banco malo» heredó el crédito de 93 millones de euros de Novagalicia (actualmente Abanca) con el que la promotora de l'Alfàs del Pi financiaba la construcción de estos dos grandes bloques de más de 200 metros de altura.
Si finalmente los tribunales deciden retirar la condición de «privilegiado» a la Sareb, se le colocaría como acreedor subordinado y se quedaría a la cola para cobrar. La ley determina que los créditos que ostenten los gestores deben ser subordinados, puesto que eso los hace responsables de que se generara esta situación. Actualmente, Olga Urbana mantiene una deuda con la Sareb de alrededor de 100 millones de euros. Al estar considerada como una especie de hipoteca, tiene este puesto «privilegiado», como ya publicó este diario.
Un procedimiento que concluirá cerca de una década después de que arrancara la construcción del In Tempo, en el año 2006.
