El PP en el ayuntamiento de Benidorm ha sostenido que desde hace varios años se conocen en el consistorio supuestas actividades ilegales cometidas por algunos funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de las penas a trabajos comunitarios impuestas por los juzgados.

Según la denuncia presentada por el funcionario responsable del servicio de penados, se habrían dado casos de tráfico de drogas, de acoso sexual y de cohecho, entre otros.

Sin embargo, no en todos los casos se abrieron los correspondientes expedientes, según han indicado hoy desde el gobierno local, del PP.

Efe ha podido confirmar que hace tres años sí se inició un expediente contra un empleado público del área de Escena Urbana por un presunto caso de cohecho, "aunque después se suspendió porque se denunció en el juzgado y, en esos casos, hay que paralizar el expediente hasta que resuelva el juzgado", ha explicado el portavoz socialista Rubén Martínez, cuyo partido estaba entonces en el gobierno.

Sin embargo, en otros casos denunciados no se inició actuación alguna, tal y como ha precisado el portavoz del gobierno local, el popular José Ramón González, quien ha asegurado estar "sorprendido" por el hecho de que "haya muchas causas de años anteriores" y "no se haya abierto expediente ni tampoco se haya informado".

El pasado 15 de diciembre el ayuntamiento tuvo conocimiento por parte del funcionario encargado del servicio de penados de la existencia de estas actividades, muchas de las cuales se remontaban a años atrás y tres días después, el día 18 de diciembre, se inició un expediente informativo.

Paralelamente, ha surgido otra polémica porque el funcionario denunciante afirma haber sido apartado de su cargo a raíz de que presentara un escrito en el que manifestaba no hacerse responsable del servicio "hasta que se nombre un funcionario competente" para el cumplimiento en Deportes, Servicios Técnicos y Cementerios, áreas en las que supuestamente se estarían produciendo los hechos denunciados por él.

A la vista de ello, en el decreto que iniciaba el expediente, el alcalde entiende que el trabajador renuncia a su cargo y procede a nombrar a otra persona para esa labor, al tiempo que la apertura del expediente para averiguar "los hechos que han rodeado la renuncia" de este funcionario.

Es en ese momento cuando el funcionario responsable del servicio de penados presenta un recurso de reposición en el que argumenta que no ha renunciado de forma unilateral a sus funciones y ha señalado que se trataría de "un error si la Alcaldía lo ha entendido así".

De momento, el trabajador sigue sin recuperar las atribuciones que tenía como responsable del servicio.

Para el socialista Rubén Martínez, el gobierno del PP "ha relevado al funcionario que ha denunciado los hechos, algo que desde luego no hicimos nosotros".

En su opinión "no se puede dar de lado a este funcionario y tomar represalias contra él. Tiene toda la pinta de una vendetta".

Sin embargo, el portavoz del PP, José Ramón González, ha precisado que "fue él quien renunció a su cargo voluntariamente".

Así las cosas, en la actualidad el programa de Cumplimiento de Penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad se encuentra paralizado hasta que se resuelvan los hechos, por lo que se ha pedido a Instituciones Penitenciarias "que no envíen más penados hasta que se retome el servicio".