La Junta de Portavoces lleva dos reuniones para definir la fórmula o propuesta plenaria que se debe adoptar para liquidar el contrato con el empresario Enrique Ortiz sobre el Plan Parcial Armanello y la anulación de su programa. De momento, no han logrado llegar a un acuerdo.
El principal escollo que encuentran varios portavoces de la oposición es no tener claro si el famoso constructor volverá a llevar a los tribunales este expediente y, por lo tanto, se bloquee de nuevo el plan parcial, que ya lleva parado más de una década. El equipo de gobierno está en la misma línea pero basa sus planteamientos en informes técnicos a los que PSOE, Liberales y Ciudadanos (C's) le encuentran algunos peros.
Cabe recordar que el equipo de gobierno encargó una serie de informes técnicos a las áreas de Arquitectura, Ingeniería y Contratación que avalan esta liquidación y suspensión del programa del PAI, y determinan que no hay que indemnizar a Ortiz con los 1,7 millones que éste solicitaba por daños y perjuicios. Los técnicos entienden que el Consistorio no tiene por qué pagar los proyectos elaborados por el empresario para este plan porque no han sido utilizados, tal y como informó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Es más, según fuentes municipales, determinan que tiene que ser Ortiz el que le abone, por gastos ocasionados, alrededor de 4.000 euros al Consistorio.
Las mismas fuentes precisaron que ayer, el propio constructor, presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que considera oportuna la liquidación vistos los informes de los técnicos. Lo que al portavoz del Partido Socialista, Rubén Martínez, le escama es, según dijo, que Ortiz no especifique en este documento que renuncia a la indemnización, algo que dan por hecho algunos miembros del Partido Popular. «Temo que una vez aprobada en pleno la liquidación, el empresario lleve a los tribunales la reclamación de los 1,7 millones», indicó.
La líder de los Liberales, Gema Amor, advirtió de que el plazo para recurrir la resolución de agente urbanizador de Armanello, que el pleno aprobó a finales de julio, expira el 3 de noviembre. «En un principio, se quería aprobar la liquidación la semana que viene. Nos podíamos encontrar en la situación de que Ortiz recurra a última hora la resolución y, con el programa anulado, se mantenga legalmente como agente urbanizador hasta que falle el juez».
El portavoz de Ciudadanos (C's), Rafa Gasent, expuso que su grupo no tiene claro el hecho de que el constructor tenga que devolver «tan poco dinero» al Consistorio, por lo que insta a una nueva valoración técnica de daños y perjuicios.
Hoy se realizará una tercera reunión para ver de qué manera pueden realizar esta propuesta plenaria.
