La Fiscalía de Benidorm ha solicitado un total de 16 años de prisión para cinco acusados por, supuestamente, formar parte de una trama de defraudación de IVA durante cuatro años (de 2004 a 2007) en operaciones intracomunitarias de adquisión de vehículos. Para otro acusado pide solo 8 años por los mismos hechos en dos ejercicios. Entre ellos se encuentra el principal hostelero de Benidorm, Ramón Román, propietario de la mercantil Servicar Engineering, a través de la que, supuestamente, se realizaban estas operaciones que, según el ministerio fiscal, incurren en cuatro delitos contra la Hacienda Pública -uno por cada año en los que, al parecer, se prolongó esta trama.
Los otros cuatro acusados para los que el fiscal pide 16 años responden a los nombres de Manuel Mateo Durán, Joswin Donald, Rafael López y Carlos Guillermo Sittoni. Ocho solicita para Alfredo Andrés Gil.
Según reza en un escrito del fiscal, al que ha podido tener acceso a este diario, dicha mercantil, aparentemente, adquiría coches a proveedores radicados en otros estados miembros de la Unión Europea, en régimen general de impuestos y, por tanto, exentos de IVA. Posteriormente, según este mismo documento, los vehículos eran vendidos en el mercado interior y no se ingresaban las cuotas de IVA devengadas en la operación, «comprobándose de esta forma que no se declararon ni se hicieron imputaciones de adquisiciones intracomunitarias en los ejercicios correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007», se expone en el documento judicial.
En dicho texto, que el fiscal remite al Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm, se argumenta que la sociedad antes citada, a pesar de que figura dada de alta en el Registro de Operaciones Intracomunitarias desde el 11 de diciembre de 2001, al parecer, solo compró directamente una mínima parte de estos vehículos a los distintos proveedores europeos. Según el fiscal, la práctica totalidad de los coches vendidos por Servicar proceden, supuestamente, de compras interiores a distintas sociedades españolas.
Esta contradición el ministerio fiscal la argumenta indicando que, tras las actuaciones realizadas, se constató que, al parecer, «gran parte de las adquisiciones de vehículos a sociedades españolas son operaciones simuladas». Tal y como expone el fiscal, supuestamente, en unos casos, Servicar Engineering utilizaba empresas instrumentales, alguna de ellas domiciliadas en Alicante, cuya facturación podía controlar, siendo ella misma, supuestamente, quien realmente realizaba las adquisiciones de los coches a proveedores comunitarios.
Por otro lado, al parecer, esta mercantil, se valió de «sociedades instrumentales controladas por terceros tratándose de organizaciones fraudulentas», según se explica en el escrito mencionado.
Los hechos los denuncian tanto el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado. En un auto de apertura de juicio oral realizado por el fiscal se solicita un millón quinientos mil euros de fianza para cinco de los acusados y ochocientos mil para otro de ellos, teniendo en cuenta que a éste último sólo se le relaciona con estos hechos durante los años 2005 y 2006.
El procedimiento está pendiente para remitir de cara a su enjuiciamiento por uno de los juzgados de lo Penal de Benidorm. Según fuentes cercanas al caso, todavía se esperan algunos escritos de las defensas de los diferentes implicados.
Cabe destacar que Ramón Román es conocido en Benidorm por tener participaciones en varios negocios de ocio nocturno en la conocida como zona inglesa.
En el documento antes citado, en el que se resume los hechos denunciados, se apuntilla que tanto Román como otros de los acusados tienen algunos antecedentes, aunque el fiscal no cree que deban ser tenidos en cuenta en este procedimiento.
«No tenía ni idea»
El propio empresario Ramón Román señaló a este diario que «yo simplemente soy un empresario que tenía un negocio de compra-venta y que adquiría coches de diferentes sociedades que, según se ve, no pagaban el IVA. Yo no tenía ni idea de todo eso hasta que tuve una inspección de Hacienda, en la que trataron de cobrarme el IVA de los coches que yo había comprado». Román consideró que «no tienen ninguna prueba para dar fe de que yo he podido cometer estos delitos, por lo que tengo la conciencia tranquila».
