El Ayuntamiento de Benidorm podría haber dado carpetazo ayer a un problema urbanístico que tenía enquistado desde hace 12 años: resolver el contrato de agente urbanizador con la mercantil Enrique Oritz e Hijos, propiedad del conocido empresario alicantino, que se suscribió en marzo de 2003. El pleno adoptó esta decisión después de que el Consell Jurídic Consultiu haya respaldado la tesis municipal de «incumplimiento» por parte del empresario de una «obligación esencial», ya que no incluyó en el texto refundido del plan parcial los 17,5 millones de euros que ofertó en su día para convertirse en agente urbanizador, según fuentes municipales. El acuerdo contempla «retener» la fianza de 2,5 millones de euros que entregó el urbanizador cuando firmó el contrato, hasta que se determinen los daños y perjuicios que el «incumplimiento» ha podido causarle a Benidorm. El propio empresario reconoció que su intención no es seguir pleiteando con el Consistorio.
El líder de Ciudadanos (C's), Rafa Gasent, solicitó la demolición de las construcciones abandonadas y ocupadas de esta partida rural, y «que la delincuencia sea desalojada». La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, apuntó que ya están trabajando en este asunto. Compromís-Los Verdes pidió que se tenga en cuenta la situación de desamparo de muchos de estos «ocupas».
Asimismo, el pleno aprobó un convenio urbanístico con el agente urbanizador del polígono industrial, Terra Village -empresa participada también por Ortiz-, para convertir el suelo en terciario. También dio el ok a otro convenio con la mercantil Unibail Rodamco, interesada en la construcción del centro comercial.
