Una decisión judicial permitirá al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, evitar una nueva fotografía declarando en los juzgados en calidad de imputado a pocos días de las municipales del próximo 24 de mayo. La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que instruye el caso de los supuestos enchufes realizados por el primer edil en el Ayuntamiento entre los años 2010 y 2011, ha acordado aplazar la declaración del también candidato socialista prevista para el próximo 16 de abril y fija como nueva fecha el 18 de junio, una vez pasados los comicios y cuando, casi con toda seguridad, estará conformada la próxima corporación.
Así se recoge en una providencia de la magistrada, que justifica su decisión en varios motivos. Por un lado, que no consta riesgo de incomparecencia del denunciado, dado que ya declaró hace ahora un año por estos mismos hechos. Por otro, en la existencia de asuntos pendientes relacionados con el caso, como la práctica de testificales, informes que está a la espera de que se aporten o la práctica de otras diligencias que «pueden determinar e incidir en el ámbito y contenido de la declaración del imputado».
El alcalde de Benidorm está imputado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales, a raíz de la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), a la que después se sumó la Fiscalía. Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en 2010, de los que 43 fueron a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas. También, con la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios afines entre 2010 y 2011, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de unos 4,5 millones en el capítulo de Personal, según los informes del área de Intervención.
Frente a estos hechos, fuentes de la defensa del regidor auguraron ayer que la decisión de la juez puede representar «un vuelco en el caso». A su juicio, éste habría quedado «deshinchado» tras la declaración como testigo del exconcejal de Recursos Humanos, el socialista Juan Ramón Martínez, y la aportación de distintas sentencias administrativas que habrían dado la razón en el Ayuntamiento sobre algunos de los asuntos de la querella, como el nombramiento de coordinadores de departamentos. «Cuando se desactive la carga política, el caso quedará en una mera cuestión administrativa», agregaron.
El 18 de junio también deberán comparecer ante la juez, en calidad de testigos, las concejalas Natalia Guijarro (PSOE), actual responsable del área de Hacienda y Personal, y la liberal Gema Amor, propuestas por el sindicato denunciante. Ésta última en su día acusó a Navarro de realizar «200 contratos a dedo» para «comprar un puñado de votos».
