La posible presencia de un foco de legionela en las instalaciones del Palau d'Esports de Benidorm volvió ayer a resucitar la polémica en la que se ha visto envuelta la gestión de la piscina y el gimnasio desde el primer día de su privatización. El Ayuntamiento adjudicó en mayo de 2014 el servicio a Levantina de Servicios Acuáticos SL, una firma que la oposición vinculó desde el primer día con el grupo liberal, que en ese momento gestionaba las carteras de Deportes y Contratación.
La mercantil, que asumió los flecos de un primer intento frustrado de privatización, se comprometió a realizar una serie de obras y mejoras durante los seis primeros meses de gestión. Sin embargo, el pasado enero el pleno municipal acordó por unanimidad, y a petición del PP, iniciar la rescisión del contrato debido a que, en esa fecha, la mercantil todavía no había ejecutado ni una sola de las obras propuestas. El expediente sigue todavía inconcluso.
Pero la cosa no queda ahí. Porque además de estos incumplimientos, la oposición municipal -y otros partidos sin representación en el Ayuntamiento- se han cansado durante este tiempo de denunciar fallos en la gestión de la instalación: la rotura de la máquina deshumectadora; la aparición de hongos y humedades en pasillos, techos o vestuarios; o la falta de mantenimiento de algunas zonas. En enero, cuando se debatió la moción en pleno, el gobierno local reconoció la situación y dio un ultimátum a la mercantil, que ahora se ve agravado con los últimos hechos.
Ayer, el alcalde aseguró que tanto el Consistorio como Sanidad han exigido a la mercantil copia de todos los libros de registro y controles sanitarios realizados en el recinto y están a la espera de poder revisarlos.
