El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a una juez de La Vila Joiosa por una falta grave por abuso de autoridad tras la denuncia presentada por la anterior secretaria del juzgado, según confirmaron fuentes del CGPJ. La secretaria el pasado mes de mayo renunció a su plaza tras los continuos enfrentamientos con la magistrada. La comisión disciplinaria del CGPJ estuvo días atrás en la Audiencia Provincial tomando declaración al personal del juzgado, a otros jueces del partido judicial, a fiscales y a representantes del colegio de abogados de Benidorm. La comisión tiene hasta el próximo mes de mayo para resolver el expediente y decidir si procede adoptar algún tipo de sanción disciplinaria contra la magistrada. El Poder Judicial ha descartado adoptar medida cautelar alguna contra la titular del juzgado mientras se resuelve este expediente.
El conflicto entre la juez y la secretaria judicial se saldó con la renuncia de esta última a su plaza, que se marchó por «la sistemática exposición a la violencia psicológica y el hostigamiento» al que le había venido sometiendo la magistrada, según expuso en el escrito presentado para justificar su decisión. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia dio cuenta de esta situación al Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto una investigación. Los hechos se produjeron en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Vila Joiosa cuyo titular es la juez Begoña Tárrega, mientras que Magdalena Such estaba ejerciendo como secretaria sustituta. Tárrega fue además la juez decana de este partido judicial y su mandato finalizó el pasado mes de junio para ser relevada por otro compañero en este cargo.
Los enfrentamientos comenzaron desde julio de 2013 con varias quejas y denuncias mutuas presentadas la una contra la otra que han acabado con la renuncia de la secretaria al considerar que la situación de acoso «está afectando a mi estado de salud».
La exsecretaria judicial presentó en su día una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Alicante por acoso laboral, así como ha elevado varias quejas tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial. En ellas, planteaba que la actuación de la juez «está impidiendo el normal funcionamiento del juzgado retrasando los asuntos y está impidiendo que esta secretaria pueda ejercer su labor inmiscuyéndose, además, en tareas que son propias de la secretaria judicial».
La secretaria relataba en una de las quejas presentadas que los enfrentamientos empezaron a raíz de que en noviembre de 2013, la juez sacara algunas sentencias fuera de plazo y la secretaria hiciera constar en una diligencia la fecha en las que se entregaban en la oficina judicial. Según relata, la juez le dijo que retirara la diligencia porque en esa oficina no se trabajaba así porque es un juzgado mixto en el que hay mucho trabajo y que si no lo hacía la iba a obligar a dar fe de las diligencias de la secretaria que no llegaban a su mesa cuando debían llegar.
En las denuncias, la secretaria planteaba supuestas irregularidades en la actuación de la juez, como incoar y sobreseer procedimientos sin una mínima actividad instructora, exhortar a los detenidos e imputados a decir verdad y en los casos de denuncias mutuas por violencia doméstica tomar declaración a la víctima como denunciante y denunciada en una misma declaración, cuando el detenido aún no había declarado, privándole de conocer lo que se le imputa y por lo que aún no había sido denunciada, coartándose el legítimo derecho a la defensa. En los escritos se relataban continuos enfrentamientos a gritos tanto a ella, como a otros funcionarios del juzgado. La secretaria alertaba de que se había llegado al punto de que se ha llegado a comenzar a tomar declaraciones sin estar ella presente, lo que podría acarrear nulidades.
La juez también denunció a la secretaria judicial ante la inspección por ejercer como letrada y como secretaria judicial, pese a haberse dado de baja del Colegio de Abogados en 2007. También la juez dijo a la Junta Electoral Provincial que la secretaria no podía estar en la Junta de zona porque era afiliada a un partido político y debería abstenerse. La junta respondió que la afiliación a partidos políticos no es causa de nulidad, ni de prohibición para los secretarios judiciales. Las quejas presentadas contra la secretaria han sido archivadas.
