El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante acaba de dar carpetazo a la denuncia presentada en 2010 por Park Control 2.000 S. L. -la adjudicataria del servicio de la Zona Azul de Benidorm- contra el Ayuntamiento. El juez desestima continuar con la causa después de que el Consistorio solicitara en octubre un auto de sobreseimiento al considerar que ya existe otro proceso iniciado contra la rescisión definitiva del contrato, producida en junio de este año al anularse la de 2010.

Con el archivo de esta denuncia presentada por la empresa adjudicataria del estacionamiento regulado en Benidorm -que podría ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia- son dos las sentencias consecutivas producidas a favor del gobierno local frente a las acusaciones defendidas por empresa y por el Partido Popular local que aludían a supuestas irregularidades en el contrato de la zona Azul. Y es que este verano era desestimada la causa abierta por la vía penal por el PP contra el alcalde, Agustín Navarro, y el exedil de Movilidad, José Bañuls.

Por ello, ayer la titular de la concejalía, MªCarmen Martínez, interpretó la nueva resolución judicial como «otra victoria más» que corrobora «lo que llevamos defendiendo cuatro años, que es la legalidad de todo el procedimiento».

La regidora lamentó la situación «caótica» a la que se ha llegado debido a la denuncia presentada por el PP. «Lo único que ha conseguido es retrasar 4 años una resolución judicial a favor de Ayuntamiento, que ha tenido un elevado coste para las arcas municipales (no se ha compensado a la ciudad en materia de inversiones en seguridad vial en aproximadamente 2 millones de euros), se ha generado una inestabilidad laboral a los propios trabajadores (con el impago de nominas), se ha perpetrado un quebranto a la Seguridad Social que roza los 600.000 euros, más otro quebranto a la Hacienda Pública que alcanzó 1,8 millones de euros, y que acabó con la intervención de la recaudación por parte de ésta...». A lo que sumó «el coste de la defensa jurídica».

Por ello, reclamó que «si en su momento el PP pedía dimisiones, ahora pedimos al portavoz del PP, Antonio Pérez, asumir su responsabilidad política por demostrarse la falsedad de sus argumentos, dimitiendo y haciéndose cargo del coste de la defensa jurídica».