Una laguna urbanística que puede traer consecuencias. Dos años después de la entrada en vigor de la normativa estatal que obliga a los municipios a inspeccionar las edificaciones de más de 50 años de antigüedad, el Ayuntamiento de Benidorm mantiene completamente aparcada esta ley y no ha reclamado la realización de ni una sola revisión para comprobar el estado en el que se encuentran este tipo de inmuebles. Así lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, después de que el grupo municipal del PP denunciara públicamente la pasividad municipal en este asunto.
El Gobierno central aprobó en el año 2011 un decreto-ley, que entró en vigor el 7 de julio de 2012, y que establecía en los municipios de más de 25.000 habitantes la obligatoriedad de someter a inspecciones técnicas de edificación -conocidas como ITEs- a los edificios de más de medio siglo de antigüedad para garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad de los inmuebles y el estado de su estructura. Para ello, los propietarios debían encargar a un arquitecto o un aparejador un informe técnico que acreditara el buen estado de su propiedad y presentarlo posteriormente en el Ayuntamiento.
Sin embargo, pese a que hace dos años de la entrada en vigor de esta norma de ámbito estatal, la normativa va aún más allá en el tiempo. Porque la Ley Urbanística Valenciana, aprobada en 2005, ya contemplaba que los propietarios de edificaciones antiguas debían encargar este tipo de inspecciones y, en el caso de que no cumplieran, los ayuntamientos debían exigir estas revisiones o realizarlas de oficio a costa de sus dueños.
A pesar de la extensa legislación sobre este asunto, el Ayuntamiento de Benidorm continúa a fecha de hoy sin haber realizado ni un solo trámite para dar cumplimiento a las distintas normativas, ni siquiera por lo que se refiere a la redacción de una ordenanza municipal para regular y dar luz a los propietarios de cómo se deben realizar las ITEs, en qué plazo, y cuántas edificaciones del municipio deberían someterse a las mismas. El edil de Urbanismo señaló ayer que los técnicos de su departamento «están trabajando en ello» y explicó que «se han mantenido varias reuniones de trabajo sobre el tema», aunque hasta la fecha siguen sin dar sus frutos.
El boom del Plan General de 1956
Frente a las explicaciones del edil Ivorra, la portavoz adjunta del PP, Lourdes Caselles, lamentó los retrasos que acumula Benidorm en la aplicación de esta normativa, sobre la que afirmó que su grupo municipal ha preguntado en ocasiones anteriores al gobierno local sin haber obtenido respuesta. Caselles, que no pudo proporcionar cifras al no existir ningún censo oficial sobre las fincas afectadas, sí recordó que la ciudad han «muchos edificios que deben adecuarse a esta normativa».
Como ejemplo, basta recordar el «boom» urbanístico que representó para Benidorm la aprobación del primer Plan General de 1956, cuando la ciudad disponía de poco más de 3.000 habitantes y que propició la construcción de los primeros edificios en altura, como el Frontalmar, el pionero con 14 plantas y que data de 1963.
Además de denunciar la pasividad del Consistorio en el cumplimiento de este decreto-ley, Caselles fue todavía más allá. La edil del PP alertó de que mañana, 20 de agosto, entra en vigor la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana. En ella, además de la obligación de realizar ITEs en los inmuebles construidos hace más de 50 años, también amplía la obligación a los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, obligando a todos los secretarios de los ayuntamientos a remitir una copia de la certificación emitida tras la inspección al Registro de la Propiedad.
El cumplimiento en la provincia
Frente a la falta de aplicación de estas normativas en Benidorm, otros ayuntamientos sí llevan tiempo haciendo los deberes. Por ejemplo, en La Vila Joiosa, el Consistorio aprobó en el año 2008 una Ordenanza Reguladora de la Conservación y de la Inspección Técnica de los Edificios, que fijaba un calendario de plazos al que debían acogerse obligatoriamente todas las viviendas del casco histórico o fuera de él, así como sanciones en el caso de que hubiera incumplimientos. En San Vicente del Raspeig, el Ayuntamiento también elaboró en 2012 un censo que abarcaba un total de mil viviendas con más de 50 años de antigüedad, tanto colectivas como unifamiliares. Otros ayuntamientos, como el de Alicante o el de Orihuela, también llevan años exigiendo estas certificaciones a los dueños de inmuebles.
