Recuperar para el dominio público la parcela municipal de Jaime I en la que se levanta una hamburguesería va a ser para el Ayuntamiento de Benidorm más complicado de lo que pensaban. Al menos, a juzgar por los planes de la empresa para defender por todos los medios su derecho a seguir haciendo negocio sobre este suelo. El alcalde Agustín Navarro aseguró ayer que la mercantil propietaria del establecimiento tiene previsto pleitear en los tribunales para evitar su desalojo, un hecho que podría demorar en el tiempo el acuerdo adoptado hace ahora un año por el Consejo Vecinal, y que después hizo suyo el propio gobierno local, para recuperar este terreno que se sitúa junto al Cementerio viejo y crear en la zona un parque.
El primer edil explicó ayer que la firma propietaria de este restaurante de comida rápida, de la marca Burger King, ha trasladado al Ayuntamiento su intención de llevar ante un juez la orden que dictó el pasado julio Agustín Navarro, en la que instaba a la mercantil a cesar su actividad y desalojar el inmueble antes del 31 de diciembre de 2013. Además, el Consistorio también le ordenaba la demolición de la construcción levantada sobre este solar y la renuncia a iniciar acciones legales por parte de la mercantil, a la que también estaba previsto girar desde el Ayuntamiento la liquidación por el uso del local durante todo este tiempo.
El Ayuntamiento de Benidorm es titular de este terreno desde 1997, cuando los antiguos propietarios cedieron el suelo gratuitamente al patrimonio municipal. Entonces, estos se reservaron el usufructo del suelo durante un periodo de diez años, con un uso provisional para bar-restaurante y con la posibilidad de transmitirlo a terceros, como así fue. El 8 de octubre de aquel año se otorgó el usufructo a una mercantil, cuyo derecho sobre el suelo debía finalizar en septiembre de 2007. Meses después, la junta de gobierno local, entonces bajo signo del PP, otorgó en 1998 licencia de apertura para el local de alimentación, pero advertía que la actividad debería cesar «en el plazo de diez años desde la fecha de otorgamiento de la licencia», en concreto, el 14 de enero del año 2008. Desde aquella fecha, la mercantil continúa ejerciendo su actividad sin pagar ningún tipo de contraprestación al Consistorio por levantarse sobre suelo público, lo que llevó al Consejo Vecinal a exigir en febrero de 2013 la recuperación del suelo.
Negociaciones sin éxito
En los últimos meses, la empresa explotadora ha negociado con el Ayuntamiento una compensación monetaria para no tener que moverse de la parcela. Inicialmente, el burger propuso un convenio en el que ofrecía pagar 20.000 euros al año durante los próximos 20 años para mantener el negocio, una cuantía que, según reconoció ayer Agustín Navarro durante el pleno del Consejo Vecinal, finalmente se habría llegado a elevar hasta los 40.000 euros anuales. Es decir, 800.000 euros de canon para los próximos 20 años, oferta que el Consistorio ha rechazado.
«La empresa nos ha comunicado que no va a ir por las buenas porque consideran que tienen unos derechos adquiridos», explicó ayer el alcalde, que además admitió que, «si no hay acuerdo pronto, tendremos que ir a los tribunales y eso puede durar años». Asimismo, la edil de Participación, Gema Amor, señaló que «entre fianzas, franquicias, mobiliario, despidos, etc.», la empresa habría cuantificado en cerca de 1,5 millones la indemnización que tendría previsto reclamar al Ayuntamiento. Para evitarlo, Navarro avanzó que dentro de 15 días mantendrá una reunión con «el jefe supremo» de esta multinacional de hamburgueserías en España para intentar reconducir las negociaciones y «ver cómo podemos solventar la situación de la mejor forma posible».
