El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, tendrá que volver a declarar a los juzgados en calidad de imputado. Lo hará el próximo 5 de marzo, para responder ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm por la denuncia de enchufismo presentada por la Fiscalía y el sindicato profesional SPPLB contra la masiva contratación de afines y familiares a su gobierno como personal laboral en el Ayuntamiento durante los años 2010 y 2011, cuando el Ejecutivo central había prohibido expresamente incrementar las plantillas municipales. El fiscal observó indicios de prevaricación, tráfico de influencias y, derivado de estos dos delitos, posible malversación de caudales públicos, asuntos que ahora trata de dirimir la juez.
La imputación de Navarro en el caso de los contratos es la segunda que pesa ya sobre el primer edil, después de que en junio de 2011, la juez de Instrucción 1 también imputara a Agustín Navarro y al exconcejal tránsfuga José Bañuls por la fórmula en la que llevaron a pleno la rescisión del contrato con la concesionaria de la grúa y la zona azul, ParkControl 2000. En este caso, la denuncia surgió a instancias del grupo municipal del PP y tanto el alcalde como el actual asesor del área de Movilidad están acusados de un presunto delito de prevaricación continuada.
En vistas a la nueva citación a la que se enfrenta el alcalde, el gobierno local de Benidorm llevará a pleno esta misma mañana la contratación del abogado especialista en asuntos penales Luis Bajo, quien a su vez es hermano de una exconcejal socialista, para ejercer su defensa. La moción, presentada el pasado lunes en comisiones por la vía de urgencia por la edil de Hacienda, Natalia Guijarro, prevé abonar a este letrado 9.680 euros por sus servicios, más otros 726 euros a un procurador. El portavoz del PSOE, Conrado Hernández, justificó que la contratación de letrados externos es «una práctica habitual» en el Consistorio, «cuando hay una acción judicial contra un miembro del gobierno». «Los alcaldes y concejales tenemos que estar cubiertos jurídicamente en materia administrativa», añadió.
Tras estudiar la documentación
La citación como imputado del alcalde de Benidorm se produce en el marco de las diligencias previas abiertas por la juez de Instrucción 2 y, además, tras haber estudiado distinta documentación reclamada por su juzgado meses atrás al Ayuntamiento. Entre ella, las bases de las plazas ofertadas por el Consistorio por concurso u oposición, los tribunales calificadores y otra documentación concerniente al proceso selectivo de personal, así como el expediente de todo el proceso de aprobación de puestos de trabajo correspondiente al año 2010, cuando se realizó el grueso de los contratos.
Con dichos expedientes y los datos que la juez pueda obtener con la declaración de Navarro, la sala tratará de esclarecer si efectivamente, como apunta el fiscal, estas contrataciones pudieron realizarse fuera de la legalidad.
La denuncia del SPPLB recoge que en el ejercicio presupuestario de 2010, el Consistorio realizó 130 contratos temporales pese a existir una prohibición expresa del Gobierno central a este tipo de contrataciones, a excepción de los casos en los que se justificara la «urgencia o necesidad» de las plazas, aspectos que el interventor municipal constató en diversos informes que no se daban en el caso de estos contratos.
De todos ellos, la Fiscalía concluyó en calificar como «llamativamente alta» la lista de casos de familiares o afines al gobierno local, que cifró en 43 empleados «directamente» relacionados con el equipo socialista.
