Esta semana el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, reunió a los cargos de confianza que tiene asignado su grupo municipal para informarles de que posiblemente varios tendrán que despedirse de su puesto de trabajo en los próximos días. Así lo confirmó ayer el propio primer edil, quien explicó que de los 23 asesores que hay actualmente en la plantilla municipal «sólo pueden quedar 12» para cumplir con la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La norma regula el número de asesores en función de la población, ajustando la cantidad en los ayuntamientos que incumplen determinados criterios económicos en su gestión. Es el caso de Benidorm y, por ello, su Ayuntamiento no podrá demorar los ajustes hasta junio, como avanzó este viernes el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer.
Según reconoció el alcalde basta con incumplir un solo requisito para tener que aplicar los ajustes de inmediato y, aunque el Gobierno local está cumpliendo «a rajatabla» con el plan de ajuste, pagando a proveedores cuando corresponde así como abonando los créditos solicitados para llevar a cabo el citado plan, «lo que no puede adelantar son los pagos a los bancos». Por ello, aunque está a la espera de conocer los informes definitivos de Intervención y Secretaría, avanzó que casi con toda probabilidad el Ayuntamiento no cumplirá con el objetivo de sostenibilidad financiera que afecta a las entidades bancarias y por ello deberá prescindir de sus asesores.
Ese objetivo, según recuerda el exsocialista Juan Ángel Ferrer, se incumple si el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31 de diciembre de 2013 supera el 110% de los ingresos corrientes liquidados en 2012, algo que según sus cifras se sobrepasa hasta al menos un 120%. Y es que Benidorm es uno de los municipios más endeudados de la provincia de Alicante.
En este sentido, el alcalde, Agustín Navarro, recordó que la deuda no debe atribuirse exclusivamente a los gobiernos socialistas como intenta marcar la oposición, sino que gran parte de ésta se debe a la herencia dejada tras 20 años de gobierno en mayoría del Partido Popular en la ciudad.
En cuanto a la distribución que se realizará para aplicar el recorte del número de asesores en cada grupo municipal, Navarro indicó que aún no se ha determinado y que se analizará durante la semana entrante. Aunque la medida es aplicable a todos los asesores, la oposición parte con una gran desventaja al contar con un porcentaje muy reducido del total pese a ser el grupo mayoritario. De los 23 asesores que hay en la plantilla municipal 15 están adscritos al PSOE, grupo que tiene 9 concejales (aunque varios rechazaron disponer de cargos de confianza, como hizo Mª Ángeles Valdivieso). Los liberales de Gema Amor, siendo 3 concejales, disponen de 6 asesores, y el Partido Popular, grupo de 11 concejales, cuenta con 2 asesores. El edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, no tiene ningún cargo de confianza.
Otro ajuste que Benidorm debe realizar es la bajada del sueldo del alcalde. Según indicó está a la espera de que le comuniquen la cifra definitiva, pero teniendo en cuenta que no podrá sobrepasar más de un 65% de lo que cobra un secretario de Estado, la rebaja podría ir desde los 5.585 euros brutos que cobra actualmente (3.636,26 euros netos según la Ventana de Transparencia municipal), hasta unos 3.700 euros brutos al mes.
No sería la primera vez -aunque sí la más drástica- que el alcalde reduce su sueldo. En dos ocasiones anteriores su gobierno votó bajar la nómina de todos sus ediles. También recordó que su sueldo siempre ha sido inferior al que cobraba el último alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll.
Por último, los reajustes podrían afectar también a servicios municipales que no competen al Ayuntamiento pero que éste los ha venido asumiendo. Según indició el primer edil, entre los servicios que no son competencia municipal figurarían las OMICs (oficinas de información al consumidor), y el propio conservatorio de música. Sin embargo, según indicó, habría que estudiar con más detalle la fórmula pues al tener asignados funcionarios municipales a estos servicios cerrar las instalaciones no supondría ningún ahorro significativo ya que seguirían teniendo el mismo personal. Esta circunstancia, para Navarro, es una muestra más de lo improcedente de aprobar una ley el último día de diciembre y «querer aplicarla el 1 de enero», como ha fijado el gobierno de España.
