La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ve que puede haber un posible delito de prevaricación por parte del alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Navarro, y del exedil tránsfuga del PP, José Bañuls, vinculado a la rescisión de la contrata de la zona azul, acordada en el pleno de la corporación celebrado el 31 de mayo de 2010.
Los hechos del auto judicial dictado por la juez señalan que el regidor y el exedil vulneraron la Ley de Régimen Local al no entregar toda la documentación del expediente a la oposición y presentar una moción urgente sin los preceptivos informes técnicos y jurídicos.
Las diligencias judiciales por este caso comenzaron a raíz de una querella presentada por el Grupo Popular del Ayuntamiento. Tras la instrucción de la causa, la magistrada ha abierto la fase de preparación de juicio oral mediante un auto de procedimiento abreviado de las diligencias, dictado el pasado día 4. La resolución implica el traslado de la causa al fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación y, en su caso, la práctica de nuevas diligencias.
El auto de la juez no es firme y contra él cabe recurso de reforma. Los imputados Navarro y Bañuls anunciaron ayer que ejercerán este derecho. Ambos acusaron al PP de llevar el asunto a la vía penal para «bloquear la administrativa y perjudicar los intereses generales de la ciudad y de los trabajadores de la contrata».
La decisión de rescindir la contrata del servicio de la zona azul y grúa municipal, en manos de la mercantil ParkControl 2000 S. L., la acordó el ejecutivo de Navarro a los pocos meses de acceder a la Alcaldía, merced a una moción de censura al entonces alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll. Navarro contó con el apoyo del mencionado edil tránsfuga del PP, que luego incluyó en su equipo de gobierno como responsable de la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana. En el actual mandato, Bañuls continúa vinculado al Ayuntamiento dentro del equipo del alcalde, en calidad de asesor de Movilidad.
En el apartado de hechos, la juez señala que el trámite para la retirada de la concesión a la firma ParkControl comenzó con un acuerdo del pleno, el pasado 1 de marzo de 2010. Pero que, tras la oposición presentada por el contratista, era obligatoria la remisión del expediente al Consejo Jurídico Consultivo (CJV) de la Comunidad Valenciana «con carácter previo a la adopción del acuerdo plenario de resolución del contrato de gestión».
Ese pleno se convocó para el 31 de mayo de 2010, a propuesta de Bañuls «y habida cuenta de que el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico no había sido recibido y estando próximo el plazo de preclusión del expedientes».
Sin embargo, la juez mantiene que el Ayuntamiento disponía del informe del CJV, que era contrario a la resolución del contrato, desde el 27 de mayo, es decir, cuatro días antes del pleno, «pero no se entregó a los concejales de la corporación, contraviniendo expresamente la normativa de régimen local que obliga a la entrega de todas la documentación correspondiente a los asuntos a debatir en pleno a los miembros de la corporación, presentado una moción urgente a sabiendas de que la misma carecía del expediente administrativo y de los informes técnicos o jurídicos necesarios, vulnerando la normativa local en cuanto a mociones de urgencia».
La juez concluye que «los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa atribuido a Agustín Navarro y José Bañuls, penado en el artículo 404 del código penal».
