El gobierno local de Benidorm, que lidera el socialista Agustín Navarro, ha vuelto a convocar los concursos para cubrir en propiedad tres plazas de coordinadores municipales, según denunció ayer el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).
La organización sindical, mayoritaria en el Consistorio, también incluyó estas contrataciones en su denuncia a la Fiscalía por supuestas irregularidades en el área de personal y contratación del Ayuntamiento entre 2010 y 2011. El ministerio público trasladó los hecho al juzgado al hallar indicios de un delito de prevaricación, otro de tráfico de influencias y, en función del resultado de la investigación, de un tercero por malversación de caudales públicos. La denuncia no ha sido asignada todavía a ningún juzgado.
Estas pruebas selectivas ya han sido anuladas en varias ocasiones por los tribunales, y en la actualidad también están recurridas por la vía de lo Contencioso-Administrativo. No obstante, el regidor los ha mantenido, mediante decreto, en sus puestos de manera interina. Entre estos coordinadores se encuentran familiares y afines al gobierno local. Las plazas provienen de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2010 y no contaban con asignación presupuestaria, según el SPPLB.
El SPPLB aseguró ayer, a través de un comunicado oficial, que mañana, jueves, «y, aún a pesar de haber sido anuladas en varias ocasiones, el Ayuntamiento de Benidorm no cesa en su empeño y vuelve a llevar a cabo las pruebas selectivas para ocupar en propiedad una plaza de coordinador del departamento de Diseño e Imagen, una plaza de coordinador del departamento de Deportes y una plaza de coordinador de Centros Sociales, recurrida por varias trabajadoras sociales el Ayuntamiento por ser excluidas, con la clara intención de dejar anclados y blindados al personal allegado».
El sindicato segura que, tras corroborar en el tablón de anuncios la convocatoria, «ha solicitado a la alcaldesa en funciones, Gema Amor, y al resto de concejales del equipo de gobierno que tomen las medidas oportunas dirigidas a la paralización de los citados procesos selectivos, hasta que resuelvan los tribunales».
