El interventor municipal instó al alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, a suspender los nuevos contratos, promociones internas y abono de productividades que supusieran un aumento de gasto para las arcas públicas. La advertencia del funcionario se incluye en un informe firmado el 2 de septiembre de 2010, a propósito de nuevas contrataciones sin consignación presupuestaria, que finalmente el regidor hizo efectivas.
El informe de interventor fue remitido expresamente al alcalde, Agustín Navarro; al entonces concejal de Recurso Humanos, el socialista Juan Ramón Martínez; y a la jefa de este departamentos. El requerimiento de suspender la tramitación de todos los expedientes ya había sido comunicado previamente, en concreto el 11 de agosto de 2010, a la jefa de Recursos Humanos.
«Esta intervención advierte expresamente de las graves responsabilidades que se pueden derivar de las irregularidades puestas de manifiesto en los expedientes que se están tramitando por el departamento de Recursos Humanos, y que se realizan totalmente al margen de procedimientos establecidos en materia contable y presupuestarias, tanto para los funcionarios responsables como para las autoridades que amparen dichos actos», recoge el documento.
Este informe del interventor se suma a otros tres incluidos en la denuncia de la Fiscalía ante el juzgado contra al Ayuntamiento por supuestas irregularidades en la gestión del área de personal y contratación en 2010 y 2011. El fiscal resalta, además, que en 2010 el número de afines y allegados al equipo de gobierno fue de 43, lo que califica como «una cifra llamativamente alta». El ministerio público observa en los hechos los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y, en función de resultado de la investigación, de malversación de fondos públicos.
La denuncia, que ha recaído en el juzgado de Instrucción número 1, se basa en otra anterior presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) por los mismos hechos.
Cursos de formación
Por otro lado, el Ayuntamiento de Benidorm atribuyó ayer a «un error administrativo» el pago de 1.800 euros a Raimundo Torres Such, exconcejal del PSPV entre 2003 y 2007, por dos cursos sobre intervención en emergencias con mercancías peligrosas. Según constató ayer un portavoz oficial del gobierno local, el destinatario de ese abono era en realidad Juan Carlos Torres Such, hermano del exedil.
Este periódico publicó el domingo el pago de esos cursos a Raimundo Torres en base a una resolución de aprobación de gastos de la Concejalía de Hacienda, firmada por su titular, Natalia Guijarro, el 26 de septiembre, que incluía textualmente a Raimundo Torres como beneficiario del pago.
Este portavoz admitió la autenticidad del documento y señaló que el 2 de octubre, tras detectarse el error, se modificó la resolución del 26 de septiembre, y que no se llegó a ejecutar el pago al exconcejal. Raimundo Torres Such es bombero de profesión y miembro de la ejecutiva del PSPV de la Marina Baixa.
