En Sierra Helada las cosas seguirán estando como estaban. El Ayuntamiento de Benidorm ha renovado hasta 2016 el convenio con los propietarios de 542.000 m2 del sector APR-7 de ese paraje que permitirá a estos últimos, la empresa Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester, y mercantiles vinculadas a la familia Puchades, obtener terrenos urbanísticos en otras zonas del municipio a cambio de renunciar a edificar en esa emblemática sierra. Si en ese plazo de tres años las citadas empresas no obtienen esa compensación "en especie", podrán reclamar indemnizaciones económicas. De esta forma, el gobierno local, integrado por PSOE y CDL, prolonga con Edificaciones Ballester y los Puchades acuerdos anteriores que ya habían firmado en 2003 el entonces alcalde, el popular Vicente Pérez Devesa, y en 2010 el actual primer edil, el socialista Agustín Navarro, que ahora vuelve a rubricar otro convenio con los dueños de este sector.

Las cosas seguirán pues estando como estaban en Sierra Helada a pesar de que en los últimos tiempos se había producido una novedad más que importante y que podía poner en tela de juicio la renovación del acuerdo con los propietarios: en marzo de 2012, la Generalitat, después de veinte años de trámites, había publicado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que preservaba el APR-7 y lo consideraba "suelo no urbanizable de protección paisajística".De hecho, en el convenio de 2010 antes citado el entonces concejal de Urbanismo, el socialista Jaime Llinares, incorporó una cláusula que advertía de que si el Consell protegía al fin los terrenos, como ahora ha sucedido, el Ayuntamiento no tendría que compensar ni indemnizar a los propietarios y que en todo caso ésa sería una responsabilidad de la Generalitat, como administración que eliminaba las expectativas urbanísticas en Sierra Helada.

Llinares, incluso, aconsejó sin éxito a Navarro que en aquel 2010 ya no renovara el acuerdo que años antes había ratificado Pérez Devesa. Y su sucesor, Juan Ángel Ferrer, tras recibir la DIA, estaba esperando informes que corroboraran que era el Consell el que debía compensar cuando fue apartado de su cargo después del pacto entre el PSOE y el CDL durante el pasado verano. Tanto Llinares como Ferrer se apoyaban además en otra tesis: en realidad, con la DIA, lo que el Consell hizo fue proteger ese suelo por segunda vez, porque antes ya lo había hecho con la declaración de Sierra Helada como parque natural .

La tesis del CDL

Sin embargo, esas argumentaciones no han sido adoptadas ni por Navarro ni por el actual concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra. Este último, que ayer fue el que anunció la renovación del convenio por tres años más, explicó que los propietarios tienen "derechos adquiridos" desde 1963, cuando el planeamiento urbanístico de la época ya marcó como urbano ese suelo. Al reconocer esos derechos de los Puchades y de Edificaciones Calpe, el "Ayuntamiento evita enfrentarse a cualquier acción judicial " por parte de esas empresas. En este sentido, Ivorra añadió que la decisión cuenta con el respaldo de informes jurídicos. El acuerdo será comunicado al pleno durante su próxima sesión.

El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho los propietarios de Sierra Helada en zonas como Armanello, Discotecas y Poniente será de 102.000 m2 útiles.