El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y el exconcejal de Tráfico y Seguridad, José Bañuls, volvieron a escudarse ayer en que un técnico jurídico del Ayuntamiento les aconsejó que podían elevar a pleno el fin anticipado de la contrata con la concesionaria de la zona azul y de la grúa, Park Control 2000, sin necesidad de encargar informes previos al interventor y al secretario municipal. Así lo trasladaron a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, que instruye la causa por la rescisión del contrato a esta mercantil, en la que ambos están imputados por un presunto delito de prevaricación continuada a raíz de una denuncia presentada por el PP en noviembre de 2010. Y, para despejar cualquier tipo de duda, antes de declarar ante la juez por segunda vez por estos mismos hechos, el alcalde fue claro al asegurar que, cuando elevó a pleno la moción, sabía que tenía las espaldas cubiertas: "Yo no soy ningún suicida político".
Los hechos que se investigan en el juzgado proceden del acuerdo plenario que adoptó el Ayuntamiento de Benidorm la madrugada del 1 de junio de 2010, cuando con los votos a favor de los doce concejales del PSOE y de Bañuls, acordaron finiquitar la concesión con Park Control. La votación se produjo pasada la medianoche en un pleno ordinario, después de que el entonces edil Bañuls presentara una moción de urgencia para resolver el contrato. El PP sostiene en su querella que esta decisión se adoptó sin los informes preceptivos de las áreas de Intervención y Secretaría, y que los técnicos advirtieron en el pleno a Navarro y Bañuls de esta circunstancia, pese a lo cual siguieron adelante con la votación.
Frente a la hipótesis del PP, los dos imputados coincidieron ayer ante la magistrada en atribuir los hechos a una "discrepancia de criterio" entre los técnicos sobre la forma en la que se adoptaba el acuerdo y afirmaron que optaron por hacer caso al asesor jurídico del área de Movilidad, José Terrones, frente a la advertencia del interventor, porque el primero era "quien había realizado todo el expediente desde su inicio". Asimismo, destacaron que este jurista tiene "la misma categoría administrativa" que el secretario y el interventor y que era quien "conocía el expediente en su totalidad, a diferencia de los otros dos técnicos". Por último, Agustín Navarro recordó la existencia de un informe fechado por el propio Terrones el mismo día en el que se adoptó el acuerdo plenario, que avalaría que la elaboración de otros informes económicos era innecesaria, frente a la versión que mantienen otros funcionarios.
Tras la declaración del alcalde y del exconcejal, el grupo municipal del PP insistió ayer en que seguirá personado en el proceso, a diferencia de la mercantil Park Control, que ha desistido de la vía jurídica y ha pedido su archivo. El edil popular José Ramón González de Zárate afirmó que existen "numerosas contradicciones" en las declaraciones de Navarro, Bañuls y otros técnicos, por lo que avanzó que pedirán la comparecencia de nuevos testigos.
Esta vez sin grabadora para evitar más fallos
La de ayer era la segunda vez que Navarro y Bañuls acudían al juzgado a declarar por esta misma causa y, a pesar de ello, hubo muchas diferencias entre una comparecencia y otra. La primera, que esta vez no se empleó un sistema de grabación como ocurrió hace ahora año y medio, probablemente para evitar que pudiera producirse otro fallo en las cintas que obligara de nuevo a repetir la declaración, como ocurrió entonces. La segunda, directamente relacionada con la primera, es que sus testimonios se transcribieron a ordenador de forma simultánea, lo que hizo que Bañuls permaneciera en la sala cerca de dos horas y Navarro, casi hora y cuarto. Además, destaca el hecho de que cuando ambos comparecieron en octubre de 2011 lo hicieron ante una juez sustituta, mientras que ahora estuvo presente la titular de Instrucción 1.
Tampoco ya compareció como afectada la empresa concesionaria de la ORA, que ha abandonado la vía judicial tras sumarse en su día a la querella que presentó el PP.
Lo que sí fue igual es que en la declaración no estuvo presente el fiscal, por lo que las preguntas corrieron a cargo de la propia juez y los abogados de la defensa y de la acusación.
