Ávido de lograr ingresos ante su preocupante situación financiera, el Ayuntamiento de Benidorm ha pedido al Gobierno central una revisión del catastro de la ciudad, que no se modifica desde1989, hace 24 años. La medida tendrá consecuencias sobre numerosas viviendas cuyos valores catastrales se encontraban desfasados y, además, podría afectar al alza a plusvalías, declaraciones patrimoniales y en especial al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todos los propietarios del municipio. Ahora bien, la concejala de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro, ahuyentó ayer el temor a un posible y por supuesto siempre controvertido incremento en el recibo del IBI y se mostró convencida de que los ciudadanos pagarán por este impuesto "la misma cantidad" que en 2012 y 2013.

¿Por qué? Guijarro explicó que los trabajos de campo, que el Ayuntamiento encargará a SUMA, permitirán detectar aquellas propiedades que hasta ahora no venían pagando IBI: en especial, piscinas y casas de aperos, algunas, convertidas en realidad en viviendas. En esta nómina podrían entrar también los retranqueos siempre y cuando se consiguiera su legalización, algo por ahora difícil. De cualquier modo, al incrementarse el número de bienes por los que podrá recaudarse, no sólo se cumplirá por fin en Benidorm el principio de "igualdad tributaria", sino que será posible bajar el tipo impositivo del IBI para que de esta forma no se produzca un aumento en el recibo. En este incremento de la recaudación "sin traumas" ayudaría también el aumento del valor de las plusvalías cuando se produzcan ventas de inmuebles.

Un segundo factor reforzaría el optimismo de la edil. Lo que va a hacer el Consistorio es acogerse a una nueva modalidad aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su paquete de medidas para reactivar las economías de las maltrechas administraciones locales que permite incrementar los valores del catastro de forma gradual cada año basándose en una serie de coeficientes incluidos en la Ley de los Presupuestos del Estado. El Ayuntamiento tendrá la potestad de sumarse o no a ese coeficiente cada año.

Por si fuera poco, en el último pleno el gobierno local aprobó una enmienda d el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, para que la revisión no provoque una subida impositiva.

De esta forma queda establecido el calendario de la actualización del catastro: en 2013 se realizará el trabajo de campo y en 2014 se podrán empezar a aplicar los primeros coeficientes. Para que un ayuntamiento pueda acogerse a la nueva modalidad del Gobierno, deben haber pasado cinco años desde su última revisión y tener viviendas cuyo valor catastral haya quedado desfasado en el precio del mercado, condiciones que cumple Benidorm de sobra. Así que la medida le viene bien al ejecutivo local. Entre otras cosas porque evita la que en noviembre de 2011 ya pidió el alcalde, Agustín Navarro, y que finalmente no se llevará a cabo. Por cierto que aquella revisión planteada hace año y medio era una revisión a las bravas, de las de antes, en las que no se aplicaba ninguna graduación. De hecho, el PP calculó que la misma hubiera supuesto un incremento del tipo impositivo de un 150%. Navarro justificó aquella actuación porque se la habían aconsejado los técnicos ante la "situación difícil" que vivía el Consistorio y agregó que "la hicimos a pesar del desgaste electoral que hubiera supuesto" para los propios socialistas.