19 de diciembre de 2012
19.12.2012

El CGPJ anuncia sanciones para jueces como el de Benidorm que no cobren tasas

El presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, destaca que los magistrados tienen la obligación de cumplir las leyes y confía en que todos la acaben aplicando

19.12.2012 | 01:00
El juez del Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm, Carlos Vegas.

El Consejo General del Poder Judicial sancionará a los jueces que se nieguen a cobrar las nuevas tasas judiciales implantadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo advirtió ayer el presidente de esta institución, Gonzalo Moliner, durante un acto en el que fue preguntado sobre la postura del juez de lo Social número 1 de Benidorm, Carlos Vegas, quien, como avanzó la pasada semana este diario, ha sido el primer magistrado en anunciar que no cobrará estas tasas en su juzgado, al considerar que contravienen el Derecho de la Unión Europea y son "desproporcionadas y abusivas" para el ciudadano.
Frente a la postura del juez de Benidorm, el presidente del CGPJ afirmó ayer que no aplicar la nueva ley de tasas judiciales será "probablemente" motivo de sanción ya que "las leyes se tienen que aplicar". Moliner, no obstante, manifestó que no cree que los jueces lleguen hasta este punto. "Si lo hacen, probablemente, pero yo creo que no lo harán, es una cosa que dicen, pero del dicho al hecho puede haber un gran trecho", señaló en declaraciones a los periodistas en el Senado antes de participar en el acto de entrega de unos galardones que otorga la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid.
La postura del magistrado de lo Social de Benidorm sobre la no aplicación de esta norma, que adelantó la pasada semana este diario, ha revolucionado el panorama judicial en los últimos días. Muchas habían sido las voces del mundo del Derecho que, tras la aprobación de la nueva Ley de Tasas Judiciales, se habían posicionado en contra de las mismas, aunque nadie hasta la fecha había anunciado públicamente que no exigiría el pago de las mismas para interponer un recurso. El primero en llegar a tal extremo fue Carlos Vegas, quien desde su Juzgado de lo Social consideró la pasada semana tener potestad para no hacerlo, amparándose para ello en la doctrina de la Unión Europea, y se mostró contrario a esta normativa tal y como se ha aplicado. En una entrevista concedida a este diario, Vegas manifestó que la legislación española en material Social "trabaja con la normativa de la UE constantemente, por lo que si entendemos que nuestra normativa interna está impidiendo ese acceso a la Justicia, podemos inaplicarla, porque prevalece el Derecho de la Unión Europea", tal y como recogen varias sentencias de la UE, que dan primacía del derecho de la Unión sobre la legislación interna de cada país.
La posición de este magistrado fue respaldada la pasada semana por abogados y sindicatos, aunque no por los principales órganos de representación de los jueces, principalmente por la forma de proceder de Vegas. Aunque, en general, los profesionales de la Justicia creen que las tarifas establecidas son demasiado elevadas, igual que los consumidores. Estos últimos, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios remitieron ayer un escrito al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra dicha ley.

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