Cada vez hay más dictámenes técnicos que aseguran que la concesionaria de la basura de Benidorm, la mercantil FCC, está cobrando por servicios que en realidad no presta. Ahora ha sido un informe interno del propio Ayuntamiento el que asevera que cada día hay, de media, 30 operarios menos de los que deberían estar en las calles de la población realizando sus tareas de limpieza y recogida de residuos según estipula el pliego de condiciones por el que esa empresa obtuvo en su día la adjudicación del servicio. Y treinta operarios menos en la calle al día quiere decir, aproximadamente, mil al mes. Y mil menos al mes quiere decir que entre enero y agosto de 2012, que es el periodo temporal analizado por los técnicos municipales, se han efectuado en el área de Personal de FCC unos 7.500 servicios menos de los que están pagando las maltrechas arcas municipales de la ciudad turística.

Las conclusiones de este análisis interno se unen a las de otro informe externo -realizado por un auditor independiente- que aseguraba que FCC estaba incumpliendo un 30% de las prestaciones recogidas en el citado pliego, tal y como publicó este diario el pasado 12 de octubre. Ambos dictámenes deberían servir al actual gobierno de Benidorm, integrado por PSOE y CDL, como herramientas para exigir a la empresa una rebaja del coste de la concesión de la basura -17 millones de euros al año- tal y como marca el actual Plan de Ajuste, que fuerza al Consistorio a recortar gastos de donde sea para pagar los créditos asumidos en su día con los bancos para saldar una deuda de 58 millones de euros a los proveedores del Ayuntamiento.

¿Cuánto se le puede rebajar a FCC? Ahí está la madre del cordero. De los cálculos de la citada auditoría externa se desprende que el tijeretazo a FCC podría ascender a unos 5 millones de euros, toda vez que la mercantil no está cumpliendo lo que le marca la adjudicación no sólo en el área de Personal, sino también en el de maquinaria, al no utilizar determinados aparatos de limpieza que también debería estar usando. De cualquier manera, las pretensiones que maneja el ejecutivo son más modestas: se conformaría con rebajarle algo más de 3 millones a la concesionaria con el ánimo de que a cambio FCC no exija cobrar el incremento del IPC que no habría percibido al menos desde 2008.

¿Qué sucederá? Fuentes del gobierno municipal se limitan a señalar que se está negociando con la mercantil. Y poco más. El asunto se está llevando con sigilo. Y no es extraño. En el ejecutivo hay discrepancias: unas voces abogan por adoptar una postura dura contra la mercantil, toda vez que la auditoría externa alertaba incluso de que había motivos suficientes para rescindir el contrato con la empresa, que oficialmente no expira hasta 2018. En cambio, otros concejales, alineados con el alcalde, el socialista Agustín Navarro, optan por arribar a un consenso con la empresa.

A todo esto, no deja de ser curioso que, mientras se acumulan los veredictos que dudan de que a FCC se le debiera estar pagando todo lo que se le está pagando, el Ayuntamiento ya ha dado la orden para pagar 3 millones de euros correspondientes al actual ejercicio. Gracias al Plan de Ajuste, FCC ya cobró en su día más de 40 millones de euros de deudas pendientes hasta finales de 2011. Fue la cantidad más importante que se abonó a cualquier proveedor del Consistorio gracias a ese plan.

El segundo informe que ahora está sobre la mesa, el de carácter municipal, carga las tintas en el hecho de que la concesionaria utiliza menos operarios de los que debería. Según el pliego, en temporada alta habrían de trabajar unos 160 trabajadores entre semana y unos 140 en fin de semana; y en temporada baja, respectivamente 130 y 115. Pero esos cómputos no se están cumpliendo De media, son 30 los operarios de menos que realmente están realizando su labor, si bien las cifras son muy irregulares y varían de un día para otro.

Los trabajadores convocan asamblea para estudiar una movilización en Fiestas

Toda la polvareda alzada con el asunto de FCC por la necesidad de ajustar el coste de la contrata en los tiempos que corren tiene en vilo a los trabajadores, que aún no han podido firmar con la empresa el convenio laboral que debía haberse ratificado a principios de este año. Y, como no hay convenio, la plantilla teme que si se aplican finalmente los recortes anunciados por la corporación municipal, se puedan producir reducciones salariales e incluso, en el peor de los casos, despidos. Por ese motivo, los operarios han convocado una asamblea para el lunes de la que podrían salir movilizaciones que afectarían a las fiestas patronales de noviembre.

Ahora bien, los dos informes que al menos hasta la fecha aseveran que FCC está cobrando por servicios que en realidad no presta podrían convertirse en aliados de los trabajadores y en un balón de oxígeno para el propio Consistorio: bastaría con dejar de abonar aquellas prestaciones que, aunque marcadas en el pliego de condiciones, la mercantil no está llevando a cabo para lograr el ansiado tijeretazo en la contrata sin necesidad de despedir trabajadores ni reducir salarios. Y sin provocar tampoco una merma en la calidad del servicio que se está prestando en la ciudad y que se mantendría como en la actualidad.