Un "duro", "inesperado" e "incomprensible golpe". Así califica la mercantil Terras de l'Horta, perteneciente al grupo Ballester y promotora de las torres de Punta Llisera de Benidorm, la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 23 de julio dejó fuera de ordenación esos controvertidos edificios. Y lo hace en una carta que en agosto envió a los propietarios de los inmubles, comercializados con el nombre de "Gemelos 28", para informarles del contenido del fallo judicial y de sus posibles consecuencias. De hecho, la mercantil admite que "en la peor de las hipótesis" las torres podrían sufrir un "proceso expropiatorio" por parte de la administración pública. Eso sí, la promotora no concreta si ese "proceso" podría acarrear, en virtud de la ejecución de la sentencia, una demolición material de las torres,de 21 alturas e integradas por 168 viviendas, muchas de las cuales ya están vendidas y habitadas desde hace más de un año.

Para tranquilizar a los vecinos, la firma del grupo Ballester se apresura a comunicarles dos argumentos: en primer lugar, que si la expropiación se concreta "los particulares deberán ser indemnizados por los daños causados y los perjuidicos sufridos"; y en segundo, que los servicios jurídicos de la empresa lucharán para que este escenario no se produzca. Y que lo hará, tanto por el "compromiso moral con nuestros clientes" como, atención, por "propia necesidad, toda vez que el presente golpe supone el definitivo estrangulamiento económico de nuestra empresa". Es decir, que el fallo del Supremo, que revoca la licencia que la Generalitat concedió a las torres en 2005, tendría unas serias consecuencias financieras para una de las compañías más activas de la provincia durante los anteriores años dorados del mercado inmobliario.

De cualquier manera, Terras de l'Horta no está dispuesta a rendirse. Sostiene que la construcción de las torres ubicadas al final del Rincón de Loix se ejecutó "dentro de la más escrupulosa legalidad" y "contando con todos los permisos, autorizaciones y licencias exigibles otorgadas por todas las administraciones competentes para ello". De ahí que dice no comprender la decisión del Supremo, cuya sentencia ataca por este motivo con notable dureza hasta el punto de asegurar que el fallo "no está ajustado a derecho" y que se trata de un "clarísimo y gravísimo error".

Al respecto, la mercantil también explica a los vecinos que "hasta en cuatro resoluciones dicatadas por el Tribunal Superior de Justicia en los años 2006 y 2007 se decretó que era correcto seguir con la edificiación" y que en dos sentencias de ese mismo tribunal, de 2008, se ratificaba la validez de la autorización concedida para los edificios por la dirección general de Costas anulada tras el dictamen del Supremo.

"No arrojaremos la toalla"

Total, que el mensaje a los vecinos es que no están solos: que la mercantil lleva "luchando frente a todo" desde junio de 1988 en que el Ayuntamiento le concedió la primera licencia hasta la actualidad; y que" después de 24 años de esfuerzos en este asunto y superados todos los obstáculos inimagnibles en forma de innumerables recursos e impugnaciones no vamos a arrojar la toalla mientras quede la menor posibilidad por intentar que se impongan la lógica, la razón y el derecho".

Finalmente, la mercantil pone "incondicionalmente" a disposición de los dueños de los pisos de Punta Llisera sus servicios jurídicos e incluso les insta a que formen una agrupación de afectados "que permita que nuestras voces unidas puedan alcanzar un mayor eco en las instancias pertinentes".

El PP pregunta por el mirador e Ivorra asegura que "en principio" no peligra

El PP exigió ayer que el gobierno de Benidorm informe sobre el mirador que debe financiar, en el extremo norte del litoral de la ciudad, la empresa de las torres de Punta Llisera y que también podría verse afectado por la sentencia del Tribunal Supremo. La portavoz adjunta de los populares, Lourdes Caselles, recordó que la promotora ya ha depositado el aval para realizar esa infraestructura, y que asciende a más de un millón de euros, pero que después de un proceso que se ha alargado más de un año "el pueblo de Benidorm no sabe nada y merece saberlo".

Al respecto, el edil de Urbanismo, el liberal Vicent Juan Ivorra, aseguró que según un informe de los técnicos municipales "en principio" el mirador de marras "no corre peligro", toda vez que podría considerarse como un "paseo marítimo" que por lo tanto no se vería afectado por la Ley de Costas. No obstante, Ivorra matizó que parte de esa obra sí que se encuentra en el parque natural de Sierra Helada, por lo que habrá que contactar con la Conselleria de Medio Ambiente para preguntarle sobre su viabilidad.