Tras años de reivindicaciones por parte del sector de los apartamentos turísticos, el Gobierno nacional parece dar un paso al frente para atajar la oferta ilegal. Al menos lo ha hecho sobre el papel, dentro de su Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, aprobado recientemente, en el que avanza una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para tratar de poner coto a los apartamentos piratas y el intrusismo en el sector, una cuestión que los empresarios afectados siempre han considerado que no se ha tenido en cuenta con la seriedad y gravedad que se merece.

En Benidorm, la oferta reglada se limita a unas 70.000 plazas, mientras que los apartamentos que se comercializan fuera del control de la administración turística superan los 105.000, según estimaciones de las patronales Aptur y Abectur. Estas entidades calculan, pues, que más del 60% de los alquileres vacacionales en la capital turística evaden los impuestos de la administración generando una fuerte "competencia desleal" e "intrusismo" en un sector que se ve seriamente afectado por la crisis.

El problema se plantea en cómo diferenciar el alquiler turístico del residencial. La directrices que marca el Plan Nacional ya avanzan por dónde van a ir los cambios en la legislación.

Por un lado, la Ley contemplará "como arrendamientos turísticos los ofrecidos a través de canales de comercialización turística", así como aquellos "que incluyan servicios complementarios propios de la industria hotelera" y cita textualmente algunos como la "limpieza" o el "lavado de ropa", que se realicen "de forma periódica".

Por otro lado, el texto alude a la "duración de los contratos", como indicador para saber si un apartamento se está utilizando para alquileres turísticos y vacacionales. "El alquiler ocasional y/o con alta rotación por breves períodos de tiempo sería el indicador que permitiría un mejor control y conocimiento del arrendamiento de las viviendas turísticas vacacionales", señalan desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El Gobierno asegura también, algo que los empresarios llevan diciendo muchos años, que "el uso de la oferta de alojamiento no reglado podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la calidad y de la competitividad de los propios destinos turísticos".

En este sentido, hace apenas un año, Abectur presentaba un estudio en el que afirmaba que una plaza regulada genera 16.350 euros anuales mientras que una residencial se queda en 1.640 euros.

Quizás ante la crisis, el Gobierno ahora acelere la modificación de la Ley en vista de estos ingresos o quizás ya tocaba revisar una reivindicación histórica del sector, máxime cuando la oferta no reglada de apartamentos turísticos sigue subiendo.

Según constata el mismo texto del Plan Nacional e Integral de Turismo, las estadísticas demuestran que, "en los últimos años, se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado en el turismo". Los últimos datos del INE apuntan que en el último año se habría producido "un 15,9% de incremento de turistas no residentes alojados en viviendas alquiladas".