L as bases del concurso que la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana ha redactado para el concurso público, que decidirá el titular de la concesión administrativa de las instalaciones que gestiona el Club Náutico de Altea, fija la oferta económica en una inversión mínima de 30 millones de euros, según dio a conocer ayer la entidad alteana.

Las bases del concurso puntúan con 60 puntos sobre 100 la oferta económica y concede tan sólo 40 puntos a la gestión portuaria de calidad, deportiva y medioambiental. Estas condiciones suponen, de hecho, una ventaja para sociedades anónimas privadas, en detrimento de entidades sin ánimo de lucro que durante décadas se han encargado, con exclusividad, del fomento de los deportes náuticos en todas sus modalidades, según un comunicado del Club Náutico de Altea.

Esta inversión exigida de 30 millones de euros, que la directiva del Club Náutico de Altea ha calificado de «descabellada», no tiene como destino las propias instalaciones portuarias, sino que 24 de esos 30 millones de euros los invertirá la Conselleria en otros lugares. Se trata, pues, «de un precio de peaje para concursar, y una forma de recaudar para que la Administración invierta en actuaciones ajenas a las instalaciones, para las que sólo se destinan 6 millones de euros», ha apuntado el presidente del Club Náutico de Altea, José Román Zurutuza Reigosa, quien comandó el pasado sábado una asamblea de socios para mantener y activar cuantas acciones sociales, administrativas, mediáticas y jurídicas se estimen convenientes en aras de evitar la desaparición del organismo tras 30 años de historia y los últimos siete años en prórroga de la concesión.

De igual modo, el canon anual a pagar a la Conselleria pasa de los 36.000 euros anuales actuales a un mínimo de 400.000 euros, lo que supone un aumento para concursar de más del mil por cien. Ello supone que los clubes náuticos «quedan imposibilitados de concursar en tales condiciones, a menos que renuncien a su esencia y objeto del fomento del deporte», ha afirmado Zurutuza, quien ha añadido finalmente que «se da primacía absoluta a las sociedades mercantiles con ánimo de lucro, que se dedican a la venta a precios desorbitados de los amarres resultantes, sin que su beneficio revierta al fomento del deporte».