Cincuenta aplazamientos hasta hacerla quedar en papel mojado. Benidorm tendrá que tirar de paciencia y seguir esperando para ser declarado oficialmente municipio turístico, una consideración que le permitiría percibir ingresos extra del Estado para poder hacer frente a los servicios que presta a sus turistas. Y ello es debido a que el Gobierno central ha dejado morir la reforma del artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobada por el Senado en abril de 2010, para que la ciudad pudiera obtener tal calificación, según lamentó ayer el hasta ahora senador del PP Agustín Almodóbar.
La moción fue elevada por los senadores del PP en marzo de 2010 y se aprobó en el Senado un mes después, en concreto el 14 de abril del pasado año, con los votos a favor de PP, CiU y algunos senadores del Grupo Mixto, y en contra del PSOE, PNV, la Entesa y otra parte del Mixto. Desde entonces, se ha mantenido durante casi año y medio bloqueada por los socialistas en el Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Economía y Hacienda ha ampliado hasta en cincuenta ocasiones el plazo de presentación de enmiendas sin que la moción haya registrado ni una sola propuesta adicional por parte de ningún grupo de la Cámara. Ahora, la disolución anticipada de las Cortes Generales firmada el pasado lunes por Rodríguez Zapatero sin que la moción ni siquiera fuera debatida, ha llevado aparejada la caducidad de esta propuesta y, por tanto, la necesidad de iniciar de nuevo todos los trámites tras las elecciones del 20 de noviembre, como afirmó Almodóbar.
"El Gobierno de Zapatero, Rubalcaba y Leire Pajín no han querido que Benidorm sea municipio turístico y eso hay que decirlo alto y claro", manifestó el senador popular quien lamentó que "ni siquiera han dado oportunidad a que se debatiera en comisión porque se les caía la cara de vergüenza por tener que votar en contra de algo tan de sentido común como reconocer a Benidorm su condición de municipio turístico". Almodóbar realizó estas manifestaciones en la sede del PP local, donde ayer hizo balance de su actividad parlamentaria en la legislatura que acaba de concluir. Durante su comparecencia, dijo que en los últimos cuatro años "no ha habido ni una sola propuesta que haya sufrido tantas ampliaciones de plazos", lo que a su juicio responde dos motivos: primero, que "no ha habido voluntad política";. y segundo, que "ni Zapatero ni Pajín podían explicar por qué votaban en contra" de dicha reforma legal.
Agustín Almodóbar señaló que, para desgracia mayor, la finalización del último plazo de presentación de enmiendas, el que hace 50, concluía el pasado martes día 27 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Turismo, para considerar como "muy triste que el gobierno local no aprovechara todos los actos" conmemorativos de esa fecha "para reivindicar lo que por derecho nos corresponde".
En cualquier caso, el popular adelantó que su partido incluirá en el programa electoral la modificación de esta ley y garantizó que, "si el PP gana las elecciones del 20-N, esta reforma saldrá adelante en un plazo muy corto, porque como se ha comprobado con la reforma de la Constitución, si hay voluntad, la tramitación puede ser rápida".
Una ley que aprobó el PP
La reforma planteada por el Partido Popular para modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 125, que hace referencia expresa a los municipios turísticos, busca enmendar una legislación aprobada por el propio PP bajo el gobierno de Aznar. Esta es la principal crítica que ha empleado el PSOE frente a la propuesta impulsada por el senador Agustín Almodóbar, arguyendo que, en su día, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Benidorm -entonces bajo el mismo signo político: PP- alzaron la voz contra las condiciones que esta ley imponía.
Actualmente, sólo 21 municipios en toda España tienen el reconocimiento de "turístico", entre ellos Calp, Dénia, Santa Pola, El Campello, Xàbia o Pilar de la Horadada, por lo que se refiere a la provincia, y otros como Lepe (Huelva), Castro Urdiales (Cantabria) o Palafrugell (Girona) en el resto de España; mientras que grandes destinos turísticos como Benidorm, Torrevieja, Marbella o Roquetas de Mar no están considerados como tal.
El problema radica en que la actual legislación tan sólo computa los pisos reglados como segunda residencia, pero no toma en consideración las plazas hoteleras del destino turístico, la traba principal en el caso de Benidorm y uno de los puntos que el PP proponía reformar. Si recibiera esta catalogación, Benidorm ingresaría anualmente cerca de un millón de euros extras del Estado, un fondo que serviría para compensar el alto gasto que la ciudad soporta en servicios como seguridad, limpieza, etc.
