Aunque no es la primera vez que censura al actual gobierno de Benidorm, el interventor municipal ha empleado en su último informe una vehemencia demoledora para desautorizar la política económica del gabinete del socialista Agustín Navarro, que a juicio del funcionario ha provocado además "una grave situación económica municipal de muy difícil solución". El trabajo del técnico, una memoria del ejercicio contable de 2010 pero que lleva fecha del pasado día 20, llega incluso a advertir al ejecutivo de que podría incurrir en responsabilidades "patrimoniales o penales" si prosigue por el mismo camino: sobre todo si continua abonando nóminas o realizando contratos por servicios o por obras sin consignación presupuestaria; es decir, y por utilizar un término más coloquial, por gastar más de lo que tiene o al menos de lo que cree tener. El interventor agrega además que el hecho de que los diferentes departamentos estén obstaculizando su propia labor fiscalizadora también vulnera la ley.
Estas aseveraciones tienen además hondas consecuencias políticas. En primer lugar, a nivel local: da más artillería a los grupos de la oposición, que siempre se habían mostrado muy críticos con la política económica del gobierno de Benidorm y que a lo largo de la mañana de ayer se apresuraron a hacer público el informe del interventor -en orden cronológico, primero desde las filas del CDL y después desde las del PP- al grito de "ya lo decíamos nosotros". Pero es que además, coloca a Benidorm en el mapa de un debate nacional: el que se está produciendo, en plena precampaña de las generales, por la falta de austeridad y de cuidado del gasto en las administraciones públicas.
Sólo en el área de los Recursos Humanos del Consistorio, el interventor asegura que "las irregularidades ya reflejadas en anteriores memorias apenas se han corregido e incluso han aumentado". Entre las mismas, incluye el hecho de que se hayan abonado las nóminas del personal contratado por el Ayuntamiento a través del Servef sin consignación presupuestaria a lo largo de todo 2010 -una práctica por cierto que se ha reiterado durante este año- y de que haya utilizado el mismo sistema para otros pagos del personal; además, califica de "vicio grave" que la asignación de productividades a funcionarios nunca se haya fundamentado e insta a que la misma "se motive debidamente y de forma individualizada"; detecta "continuos conflictos en los ámbitos más relevantes del área de Personal" durante ese año; y alerta de una "omisión del control en lo relativo a nóminas, situaciones de personal, promociones internas y contratación de nuevo personal".
Que el Ayuntamiento pague a pesar de no tener consignación presupuestaria no es una cuestión baladí: el técnico arguye que durante 2010 "estas actuaciones nulas de pleno derecho" supusieron una desviación presupuestaria de más de 2,1 millones de euros. ¿Y cómo se ha pagado dinero? Pues cargándolo al presupuesto de 2011. El problema estriba en que así la bola de nieve se va haciendo más grave: al no disminuir los gastos de Personal tampoco durante este ejercicio de 2011, al finalizar el mismo ese desvío superará los 4,2 millones, según recordó ayer el edil centrista Vicente Juan Ivorra. Para el interventor deben buscarse otras soluciones: "revisar de forma estricta cualquier acuerdo sin consignación", someter a una auditoría a los expedientes sobre los que no ha sido posible realizar una fiscalización financiera y eliminar un procedimiento de tramitación de nóminas basado en el Pago por Aplicación Diferida, una práctica habitual en el área que consiste en abonar las cantidades que adeuda el Consistorio antes de que las mismas sean fiscalizadas por el interventor.
Estas recomendaciones esconden otra de las quejas del técnico: no se le hace caso; no se le dejan fiscalizar las cuentas. El funcionario desvela así que "el soslayo de la normativa relativa a la fiscalización previa" le ha obligado a enviar "reiterados oficios e informes a los responsables técnicos y políticos para que adoptasen medidas urgentes rectificando estas formas de actuación en las que vulneraran la legalidad" y en concreto la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, no ha obtenido respuesta de "prácticamente todos los departamentos", actitud que supone en algunos casos "flagrantes situaciones de obstrucción al control de Intervención". Y en un tono lacónico, el técnico añade que esa labor de fiscalización "ha quedado reducida a un mero trámite al que, en la práctica, se le hace caso omiso". Así que el funcionario se lava las manos: "mientras no se atiendan estas incidencias legales, la responsabilidad de los actos inválidos seguirá cayendo en el área de Relaciones Humanos por no subsanar actuaciones de las que ya han sido advertidos". No obstante, estas posibles anomalías también se extienden al área de contrataciones externas y de asesoría: en 2010, el interventor revela que se formalizaron 37 contratos menores para servicios de defensa jurídica por una cantidad total de 245.000 euros, cuando el gasto presupuestado para este concepto era de tan sólo 12.000 euros. "
En ocasiones los departamentos han encomendado la defensa jurídica a sabiendas de no tener consignación presupuestaria, otro gasto nulo de pleno derecho". Por eso, el técnico solicita un departamento de asesoría jurídica que centralice la defensa municipal ante los tribunales. Por si fuera poco, la memoria se hace eco de las "irregularidades y falta de control de las facturas y del gasto". Las primeras, advierte, sólo se aprueban cuando hay que pagarlas, lo que constituye "una práctica reincidente que debe erradicarse".
Además de reiterar que la falta de control interno en los diferentes departamentos contraviene la Ley de Haciendas Locales, el interventor esquematiza al final de su informe otras dos conclusiones inquietantes: en primer lugar, denuncia que existen técnicos municipales y órganos políticos que sin competencias delegadas están asumiendo decisiones que suponen la generación de gastos nulos, con lo que deberían "responder patrimonialmente en función de los perjuicios causados". Y, en segundo término y por añadidura, insiste en que "esta actitud ha generado un remanente negativo de tesorería de muy difícil solución" hasta el punto de que "la grave situación económica municipal es en parte consecuencia directa de estas actuaciones". Para corregirla, insta a desarrollar "un control interno para recuperar el equilibrio económico".
La concejala de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro, declaró a este diario que hoy realizará una comparecencia pública para explicar su visión de la memoria y de las críticas de la oposición.
OBRAS DEL PLAN E
Sobrecostes por valor de 358.000 euros
A pesar de que el interventor advirtió de que no era posible modificar al alza las obras financiadas por el Gobierno a través de las dos fases del Plan E debido a que el Ayuntamiento carecía de fondos presupuestados para pagar esas mejoras, durante 2010 se expidieron tres certificaciones de obra que supusieron un coste añadido para las maltrechas arcas municipales: estas tuvieron que pagar prácticamente 358.000 euros: 340.755 para el Centro Torrejó (obra del primer plan iniciada por el PP aunque concluida por el PSOE) y los comedores de los colegios Bautista Lledó (13.365 euros) y Leonor Canalejas (4.024), ya del Plan E-2. Estos gastos se han terminado asumiendo no con cargo al presupuesto de 2010 o de 2011 sino de 2012. Y falta, tal y como recordó ayer el portavoz del PP, Antonio Pérez, la certificación del famoso puente de Emilio Ortuño, cuyo sobrecoste los populares tasan en otros 250.000.
El interventor alerta de que en todos estos proyectos también hubo falta de fiscalización, ya que el control interno se realizó cuando el contrato ya estaba rubricado. De ahí que recomiende una auditoría técnica para verificar el cumplimiento de estas mejoras en obras de los planes E pagadas por el Ayuntamiento.
Además, respecto al año anterior, los contratos con anomalías en 2010 se multiplicaron por dos en lo que se refiere a incidencias previas hasta alcanzar un 56% de todos los realizados y por tres en el momento de la adjudicación, un 46,58 de todos los firmados. Con ello, "la Intervención no se responsabiliza de las carencias en los expedientes de contratación", añade el informe.
