Un plan para "vender humo" y de cuya viabilidad y ahorro real dudan. Así acogieron ayer los representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Benidorm las medidas anunciadas el martes por el gobierno local para reducir costes en Recursos Humanos y que, entre otras medidas, busca desprenderse a corto plazo de cerca de 200 trabajadores y reducir por encima del 50 por ciento las productividades que cobra casi la mitad de la plantilla municipal -513 trabajadores sobre un total de 1.060-, para ahorrar unos 5 millones de euros al año. Ambos temas fueron la principal punta de lanza de los sindicatos para cuestionar el plan de ajustes, mientras que la no renovación de contratos temporales o de las comisiones de servicio apenas generaron debate, por considerar que "si no hay dinero para pagar, hay que recortar de ahí".
Los sindicatos mostraron en bloque sus dudas sobre la legalidad de las prejubilaciones forzosas anunciadas por la edil de Hacienda y Personal, Natalia Guijarro. En concreto, los planes del Ayuntamiento pasarían por prejubilar "obligatoriamente" a todos los funcionarios a partir de los 62 años, "siempre que les quede el 100% de la pensión", lo que, según los datos de Guijarro, afectaría a 98 trabajadores. Sobre el papel, sería "la monda", como calificaron ayer distintas fuentes, quienes no obstante manifestaron varias cuestiones sobre la viabilidad de la medida. Primero, que la Ley de la Función Pública sólo establece la prejubilación forzosa a partir de los 65 años, por lo que acogerse o no a la propuesta del gobierno debería ser "voluntaria", según manifestaron varios sindicatos, que también señalaron que actualmente la legislación permite a los funcionarios jubilarse dos años antes de la edad mínima, a los 63, pero "perdiendo un 13%", según un representante de Comisiones Obreras.
El segundo "pero" a las prejubilaciones, y en el que también coincidieron varias centrales, fue que deberá ser el Ministerio de Hacienda quien autorice al Ayuntamiento aplicar esta medida, lo que podría retrasar la intención del gobierno local de ponerla en práctica con "carácter inmediato".
La parte positiva, según CC OO , es que, de aprobarse estas prejubilaciones, "no se cubrirán todas las plazas, pero algunas sí, lo que permitirá crear empleo y abrir la puerta a la entrada de gente joven".
VPT frente a complementos
Sobre los complementos de productividad, los sindicatos también coincidieron en recordar que llevan "desde tiempo inmemorial" reclamando la realización de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), con la que revisar y ajustar los sueldos y complementos de la plantilla "en igualdad de condiciones" y no otorgarlas de forma "arbitraria" como creen que se ha realizado por los distintos gobiernos hasta la fecha. El Ayuntamiento gasta más de 1'8 millones al año en pagar pluses a sus funcionarios, que oscilan entre los 11 y los 2.200 euros al mes.
Desde los sindicatos SPPLB, SEP y CSIF manifestaron que determinados complementos, como el "plus por asistencia" que perciben los 240 agentes de la Policía Local a cambio de no cogerse permisos o bajas cuando tienen turno, y que el gobierno pretende rebajar ahora "innegociablemente un 50%", "fueron aprobados en un pleno, y se requiere que el mismo órgano sea el que apruebe cambiar sus condiciones". Mientras que otras centrales, como CC OO, indicaron que además de la bajada de productividades, debería reducirse también el número de cargos de confianza o el sueldo de los políticos: "No puede pagar sólo el trabajador".
División en la crítica
En esta misma línea se manifestó también la Junta de Personal, que remitió ayer un comunicado respaldado por los sindicatos SPPLB, CSIF y SEP, pero no por CC OO ni UGT. En él criticaron "los numerosos decretos de Alcaldía concediendo productividades por cantidades realmente escandalosas", "los numerosos puestos de trabajo cubiertos sin que obedeciera a informes de necesidad" o "las plazas de nueva creación incorporadas a la RPT, sin justificación ni urgencia" desarrolladas por el gobierno de Agustín Navarro.
La Junta avanzó que a partir de la próxima semana se iniciarán diversas asambleas con todos los colectivos -el primero, la Policía Local, uno de los colectivos más afectados- para coordinar "las posibles medidas a tomar" en contra de dichas medidas.
