Ni siquiera ahora, cuando algunos de sus lujosos apartamentos frente al Mediterráneo ya están habitados, Punta Llisera se libra de la polémica. La historia de estas dos torres de 22 alturas ubicadas a pocos metros del mar y plagada desde finales de los años 80 y a lo largo de tres décadas de recursos, sentencias judiciales y hasta un famoso y frustrado acuerdo de expropiación por parte del Gobierno Central, vive ahora su último capítulo. Y también es controvertido: ha consistido en la concesión por parte del Ayuntamiento de Benidorm de la licencia de ocupación de los edificios, cuyos trámites se realizaron a contrarreloj y en unas fechas un tanto extrañas: fue firmada el pasado 9 de junio por el socialista Agustín Navarro, que entonces era alcalde en funciones, toda vez que su investidura como munícipe no tuvo lugar hasta dos días más tarde. De hecho, Navarro no sabía en aquel momento si iba a ser el munícipe durante la nueva legislatura, toda vez que su grupo estaba -y está- en minoría y cabía la posibilidad de un pacto entre PP y CDL que le apartara de la Alcaldía y que no llegó a fraguarse. Además, los dos informes realizados por los arquitectos del Ayuntamiento que avalaron este último permiso fueron emitidos respectivamente el 11 de mayo -en plena campaña electoral- y el 26 de mayo, cuatro días después de que la ciudadanía acudiera a votar el día 22.
Ahora, un vecino de la zona, Emilio Ramírez, ha decidido denunciar tan veloces trámites ante el juzgado. Considera que el alcalde podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación, toda vez que conocía posibles irregularidades en el proyecto urbanístico que el propio Ramírez denunció ante el Consistorio en varias ocasiones durante 2010 y 2011. La última fue el pasado 6 de junio, sólo 3 días de que Navarro firmara por decreto la licencia.
Ramírez también ha acusado de prevaricar y además de presunta falsedad en documento oficial a los tres técnicos municipales que redactaron los informes. Y aunque se trata de una voz particular, la denuncia de Ramírez, muy extensa, arroja una serie de datos sobre las diferentes modificaciones en el proyecto de las Torres de Llisera que, entre otras cosas, habría permitido a los edificios, comercializados con el nombre de "Gemelos 28" alzarse hacia el cielo con un exceso de edificabilidad del 38% con respecto a la licencia original, que data de 1988.
Este es el nudo de la cuestión: saber si lo que se ha acabado de construir ahora es lo que el Ayuntamiento de Benidorm autorizó hace 23 años, lo que la Generalitat legitimó a través de una licencia en 2005 y lo que una sentencia del TSJ ratificó en 2008. Y lo que se ha construido ahora, avalado por todas las instituciones antes citadas debía basarse en el permiso obtenido en 1988, que daba luz verde a la edificación de los "Gemelos 28" en base a dos requisitos. El primero: su volumetría máxima debía resultar de asignar 2,5 m3 por metro cuadrado a la superficie total de ambas fincas, lo que resultaba un volumen total de 26.597 m3, tal y como se recogía en el estudio de detalle del proyecto que fue aprobado doce años después, en 1996. Sin embargo, en 2006, al tramitarse la licencia ya con el proyecto de ejecución, la altura de los pisos se incrementó manteniéndose las superficies del proyecto, con lo que la volumetría pasó a 32.870m3, un aumento de edificabilidad del 23,4%. Además, también se habría incrementado en otros 4.000 m2 la estructura del edificio, hasta alcanzar los 36.877 m3. No obstante, en sus informes técnicos de mayo de 2011, los dos arquitectos municipales aseguran que el proyecto actual sigue cumpliendo con los requisitos de 1988, motivo por los que el denunciante los acusa de presunta falsedad en documento público.
En las diferentes reuniones que Ramírez celebró con los arquitectos, únicamente obtuvo como argumento para justificar el posible exceso de edificabilidad una instrucción del Ayuntamiento de Benidorm aportada por la propia mercantil -Edificaciones Calpe, filial del Grupo Ballester- que con el farragoso nombre de "Aclaraciones sobre la forma de medir el volumen" computaba otra forma de medir la volumetría que autorizaría las dimensiones finales de los edificios. No obstante, esas instrucciones "apenas tenían dos folios y estaban sin membrete, sello oficial, fecha ni firma". En la denuncia también se asegura que las instrucciones "no pueden desvirtuar las ordenanzas de la construcción de 1963", en las que se basaba la licencia de 1988, anterior pues al actual Plan General de 1990. Por cierto que en la denuncia, Ramírez afirma que mantuvo conversaciones con dos técnicos municipales en las que estos le comunicaron que las citadas normas de 1963 -modificadas en 1984- no se encontraban en ese departamento municipal "ni sabían donde tenían que ser consultadas". Aún así, los informes de mayo salieron adelante.
Existe un segundo requisito que tampoco se ha cumplido y que en cambio sí que recogen esos informes que facultaron al alcalde a firmar la licencia de ocupación: la mercantil se comprometió a urbanizar el terreno cedido a cambio de realizar la edificación de 7.755 m2 para construir un mirador que, según se recoge en el informe del 11 de mayo, debía ser "de estética análoga al Castillo, sometiéndose a la aprobación técnica del Consistorio". Esas obras debían estar finalizadas con carácter previo al otorgamiento de la licencia de ocupación del edificio, circunstancia que, evidentemente, hasta ahora no se ha cumplido.
Ramírez decidió acudir al juzgado el pasado 9 de septiembre después de agotar la vía administrativa, toda vez que el 19 de julio aún interpuso un recurso de reposición ante el Consistorio en el que se pedía que se revocara la licencia y se restaurara la legalidad. El residente añade que incluso mantuvo una reunión al respecto con el actual concejal de Urbanismo, el socialista Juan Ángel Ferrer, pero aún así el Ayuntamiento decidió no contestar el citado recurso, por lo que Ramírez decidió apelar a la vía judicial.
Por el momento, no ha habido respuesta oficial a la denuncia ni por parte del Ayuntamiento de Benidorm ni de la empresa.
situación jurídica
La expropiación que no fue y la decisión pendiente del Supremo
Uno de los grandes titulares de la historia del urbanismo de Benidorm la aportó el Ministerio de Medio Ambiente en 2007, cuando anunció en plena campaña electoral la expropiación de los terrenos donde se levantaban las dos torrres por razones medioambientalesy con el fin de incorporar el suelo al dominio público marítimo-terrestre. Para la empresa era todo un golpe: parte de las viviendas ya estaban vendidas. No obstante, el ministerio reculó y en abril de 2009 aludió al "interés general" para dar marcha atrás a una expropiación que según la promotora valía 60 millones. Aún así, el Gobierno se guardaba un as en la manga: decidió recurrir ante el Tribunal Supremo presentando un recurso de casación contra la decisión de la Generalitat de otorgar licencia a las obras con el argumento de que las mismas incumplían la Ley de Costas. En junio de 2008, el TSJ ya había dictaminado que la decisión del Consell se ajustaba a derecho, pero el Supremo aún debe decidir.
