El PP terció ayer en el debate sobre el caos financiero que atenaza al Ayuntamiento de Benidorm desde dos perspectivas: en primer lugar, rechazando con rotundidad las anomalías que se han imputado a la gestión de los anteriores gobiernos populares. Y en segundo, pidiéndole al PSOE cuentas por su política económica, puesta en entredicho por el interventor municipal en su informe.

Al respecto, el portavoz de los populares, Antonio Pérez, recordó que la memoria redactada por el funcionario advertía de que durante el ejercicio de 2010, bajo gabinete socialista, no sólo no se paliaron posibles errores en las prácticas contables sino que estas se incrementaron "hasta el punto de que se alerta de que es posible exigir responsabilidades al equipo de Agustín Navarro". En este sentido, Pérez exigió a la titular de Hacienda, Natalia Guijarro, que explique "cómo bajo su responsabilidad ha sido posible que en 2010 no sólo no ahorrara los 800.000 euros a los que estaba obligada por la ley del Gobierno de Zapatero, sino que provocara un sobrecoste en materia de Personal de 2,3 millones". En este punto, el concejal del PP realizó un alarmante cálculo: el desfase total en este departamento ascendería a 3,1 millones, entre lo que no se ha ahorrado y lo que se ha gastado de más.

Ante las diferentes interpretaciones que se están formulando sobre los datos del técnico municipal, Pérez añadió que "en realidad lo que aquí se está diciendo es que con la gestión del PSOE se interrumpieron todas las decisiones económicas acertadas que se estaban asumiendo desde 2007" bajo los ejecutivos del PP. Así, agregó que un informe de la Sindicatura de Cuentas confirmó la solvencia económica de la gestión consistorial en el periodo comprendido entre 2006 y 2008. "Este informe coincidió además con la incorporación de medidas de equilibrio presupuestario realizadas por (el ex concejal de Hacienda) Francisco Saval y entre las que se incluyó el plan de saneamiento de 2009, tal y como también reconoce el interventor e incluso llegó a admitir en una entrevista la propia Natalia Guijarro".

"Desde 2007 ya se habían asumido todas las medidas correctoras necesarias y por ese motivo, en otro informe, el interventor rechazó la auditoría que el PSOE exigió entonces, cuando se encontraba en la oposición". Y hablando de auditorías: Pérez exigió de nuevo a Guijarro que facilite la que sí encargaron el pasado año ya en el gobierno los socialistas y que, con un coste de 150.000 euros, "todavía no ha sido entregada a los grupos municipales".