El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado la guerra a las cacas de perro en la vía pública y se ha convertido en el primero de la provincia que cobrará una tasa anual por tener mascotas. El gobierno local establecerá desde principios del próximo año diversas medidas para evitar que los propietarios de animales no retiren los excrementos cuando los sacan a pasear. La primera y más llamativa será cobrar una tasa de entre 15 y 20 euros al año a todos los ciudadanos que tengan un can.
La finalidad de esta tasa tiene una doble vertiente: por un lado, busca que los propietarios de perros contribuyan en el gasto que representa para las arcas públicas tener dispensarios de bolsas en la calle para retirar las heces de estos animales y que, al año, supone un desembolso cercano a los 42.000 euros; por otro, obtener financiación para poner en marcha una "brigada verde" que vigile las zonas "más conflictivas" y pueda detectar a ciudadanos que no cumplen con la obligación de retirar los excrementos caninos, para a continuación imponerles la correspondiente sanción.
El cobro del impuesto será efectivo a partir del próximo año, según anunció ayer el alcalde, Agustín Navarro. Hasta entonces, el Ayuntamiento abrirá un plazo para iniciar el registro de todos los perros del municipio, cuyos propietarios tendrán la obligación de darlos de alta antes del 31 de diciembre de 2011. Paralelamente, se redactará una nueva ordenanza municipal sobre la tenencia de animales, donde quedará regulada toda la normativa que se aplicará al respecto, así como las sanciones por incumplir las obligaciones que se fijen en la misma. El alcalde y el edil de Limpieza y Escena Urbana, Conrado Hernández, explicaron ayer que esta ordenanza regulará la tenencia de todo tipo de animales domésticos, aunque estará "muy centrada" en los canes, al ser las mascotas que "más problemas generan" en la vía pública.
El reglamento que prepara el gobierno local establecerá la obligatoriedad de dar de alta a los perros en un registro municipal. Navarro explicó que la actual ordenanza de Medio Ambiente ya contempla el registro de estos animales, pero señaló que desde hace unos años "se dejó de hacer porque entró en marcha el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA). En base a estos datos, que cifran en 10.583 los perros censados en Benidorm, el Consistorio actualizará la estadística y llevará un registro propio, que a su vez le servirá para llevar un control sobre estos animales y reclamar el pago de la tasa.
Fuente de recaudación directa
Tanto Navarro como el concejal delegado de Limpieza insistieron ayer en dejar claro que la medida "no tiene afán recaudatorio", sino que los ingresos percibidos por el pago de la tasa se destinarán a la puesta en marcha de esta "patrulla verde", las bolsas para excrementos caninos y a otros proyectos relacionados con los animales, como la apertura de tres zonas de esparcimiento para perros -una en el Rincón, una en La Cala y otra en Foietes, cuyos emplazamientos se están estudiando-. No obstante, la puesta en marcha de este impuesto sí representará una importante fuente de ingresos directos para las arcas públicas. En base a los datos del RIVIA, que cifra en 10.583 los perros censados en Benidorm, el Ayuntamiento obtendría con la tasa entre 158.745 y 211.660 euros, dependiendo del precio final que se estipule para la misma y que, según las previsiones municipales, será de entre 15 y 20 euros por cada animal.
Endurecimiento de las multas
La segunda medida prevista por el gobierno de Benidorm para limpiar la ciudad de cacas de perro pasa por un endurecimiento en las sanciones para los propietarios de mascotas que no cumplan con las normativa en vigor. Por un lado, la no retirada de excrementos caninos de la vía pública pasará de ser una" falta grave" a una "muy grave", con el consiguiente incremento de las multas: de mil euros se pasará a una sanción de entre 6.000 a 12.000 euros. Por otro lado, los dueños de perros que no inscriban a su animal en el registro municipal obligatorio incurrirán en una "falta grave" y se enfrentarán a sanciones que oscilarán entre los 600 y los 6.000 euros.
El concejal Conrado Hernández explicó que la nueva ordenanza en la que trabaja su departamento "tiene como modelo y toma cosas de otras que ya están en vigor" en varios lugares de España, entre los que citó Torrevieja, Elche, Soneja (Castellón), Llíria, Madrid o Vitoria.
