La auditoría que el gobierno local del PSOE puso en marcha durante la pasada legislatura para fiscalizar la gestión de los anteriores ejecutivos del PP volvió ayer a la actualidad. Y no para bien. El portavoz adjunto del CDL, Vicente Juan Ivorra, advirtió de que ese trabajo, que costó según los centristas 70.000 euros y al que ningún grupo de la oposición ha tenido acceso, adolece de "tintes de ilegalidad" y está marcada por un "cúmulo de irregularidades". Según Ivorra, porque cuando se aprobó el expediente de contratación , el pasado 28 de diciembre de 2009, no se siguió la doctrina del Tribunal de Cuentas, que exhorta a que sea el interventor municipal el que ponga en marcha ese trabajo. Es más, Ivorra recordó que la auditoría se inició con el informe contrario de ese técnico municipal. "Los tribunales podrían declarar nulo el contrato".

El concejal del CDL agregó que "el gobierno lo sabía y aún así prefirió despilfarrar 70.000 euros y hacer después un "uso sesgado y partidista" de la auditoría, impidiendo además que los técnicos de la casa "pudieran presentar alegaciones". "Entendemos que lo que quiere Agustín Navarro (alcalde, del PSOE) es que se olvide todo este asunto, viciado de nulidad, para evitar males mayores" continuó Ivorra, que explicó así el motivo por el que el alcalde prefirió que la moción del CDL que reclamaba el acceso a la auditoría se quedara sobre la mesa en el último pleno.

En esa moción de los centristas, también se aludía a la documentación solicitada por sus ediles "hace casi 90 días y de la que no tenemos noticias". El CDL pretendía conocer los procedimientos judiciales o de cualquier tipo en los que se hallara inmerso el Ayuntamiento."No nos facilitan la información y nos tenemos que enterar de la existencia de dichos procedimientos tras tener conocimiento de que se han pagado más de 10.000 euros a un gabinete jurídico por los servicios prestados en cuatro recursos contenciosos presentados por este Ayuntamiento" manifestó Ivorra, quien precisó además que "hay una avalancha de sentencias condenatorias en contra del Consistorio que están hipotecando, más aún si cabe, el futuro de las arcas municipales".