La causa abierta en un juzgado de Benidorm contra alcalde Agustín Navarro y el concejal de Movilidad, José Bañuls, por un presunto delito de prevaricación continuada en el "caso Park Control" viajará a Madrid para ser investigada por una brigada especial de la Policía Nacional. La juez responsable del juzgado número 1 de la ciudad ha pedido a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial que ahonde en la investigación iniciada en este juzgado y que, una vez realizadas las actuaciones oportunas, remita el resultado a la magistrada para poder continuar con las diligencias. Así se recoge en una providencia firmada por la juez el pasado 18 de mayo, y a la que ayer tuvo acceso este diario, en la que se recoge que "dada cuenta del estado de las presentes actuaciones (...) se encomienda a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF- de Madrid la investigación de los hechos objeto de las presentes actuaciones, dando cuenta al juzgado de su resultado".

Los hechos objeto de la denuncia

La investigación responde a una denuncia presentada por el grupo municipal del PP el 12 de noviembre de 2010, contra la forma en la que el ejecutivo local tomó el primer acuerdo plenario para rescindir el contrato a la concesionaria de la Zona Azul y el servicio de grúa, la mercantil Park Control 2000, que no llegó a hacerse efectivo porque un juez dictó la suspensión cautelar del acuerdo. Los hechos se remontan al pleno que se inició la tarde del 31 de mayo y concluyó en la madrugada del 1 de junio, y en cuyo orden del día se incluía en el punto 19 una moción para declarar suspendido el procedimiento iniciado para rescindir el contrato a la concesionaria por carecer aún del informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana. Este informe había llegado al Consistorio después de que fuera convocada la sesión y daba la razón a la empresa. Al disponer en el momento del pleno de dicho documento, el concejal José Bañuls sacó del orden del día esta moción y, al término del debate, incluyó por vía de urgencia otra propuesta para decretar la rescisión definitiva del contrato. Pero antes de la votación, los populares advirtieron que o existían los informes técnicos necesarios para votar el asunto y pidieron el asesoramiento del interventor y del secretario en funciones sobre la legalidad de adoptar el acuerdo sin informes. Navarro no dejó hablar a los técnicos en público pero sí que le asesoraran a él personalmente, tras lo cual ordenó la votación de la moción, que salió adelante con el apoyo de los trece concejales del equipo de gobierno.

La apertura de diligencias previas se produjo meses después de presentar la querella. En concreto, el 2 de febrero de 2011, y fue notificada a los concejales populares el día 10 de ese mes, el mismo día en el que el pleno volvió a decidir con los votos del gobierno incoar un segundo expediente contra Park Control, si bien en este caso alegando las deudas de esta empresa con Hacienda y la Seguridad Social por impagos que superan el millón de euros, y el embargo de la concesión por parte de la Agencia Tributaria. Hasta ahora han declarado el portavoz del PP, Antonio Pérez; así como el interventor municipal y el técnico que aquel día ejerció como secretario en funciones, quienes el pasado 4 de mayo ratificaron ante la magistrada que, a su juicio, el acuerdo podía tener vicios de nulidad, que el expediente se había tramitado al margen de las áreas de Contratación, Intervención y Secretaría y que consideraban que faltaban informes previos a la aprobación plenaria. Por contra, aún no han sido citados ni Agustín Navarro ni José Bañuls, a los que el PP dirige su querella por presunta prevaricación continuada.

La provindencia

La providencia dictada ahora por la juez que instruye el caso no da más pistas acerca de los inicios que pudiera haber detectado antes de pedir la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en la investigación de los hechos. Sí señala que se corresponde con esta denuncia de presunta prevaricación continuada y manifiesta que se dé parte a los concejales del PP, como denunciantes, y al alcalde y edil de Movilidad en calidad de denunciados, así como a sus representantes legales.

Del mismo modo, fuentes consultadas ayer por este diario tampoco pudieron concretar a qué respondería el traslado de la investigación a esta unidad especial, cuya labor principal se centra en investigación de los delitos relacionados con la Hacienda Pública, la Seguridad Social, lavado de dinero, fraudes financieros, delitos bursátiles, estafas, delitos laborales, falsificación monetaria, así como el apoyo a la Fiscalía Especial Anticorrupción.