La investigación abierta por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Vila Joiosa sobre una supuesta trama de corrupción urbanística detrás de la adjudicación de la urbanización del sector 8 de Polop de la Marina a la promotora Blauverd tuvo ayer un nuevo capítulo. Dos concejales que fueron compañeros de grupo del exalcalde, Juan Cano, y el exedil de Deportes, Jaume Narbó, imputados en el caso, admitieron ayer ante la juez que instruye el caso que Narbó presionó a la firma Blauverd con otorgarle la condición de agente urbanizador sólo si ésta compraba los terrenos propiedad de Cano, Narbó y su padre.
Vicenta Amparo y Vladimir Herrero, los dos exediles que fueron citados ayer en el juzgado vilero en calidad de testigos, señalaron que Narbó presionó a la promotora para que comprara las parcelas, venta que luego derivaría en un pelotazo urbanístico por el que tanto Cano, como Narbó y su padre obtuvieron unas plusvalías de más de un millón de euros. Según fuentes cercanas a la investigación, Amparo declaró que incluso llegó a escuchar al propio Jaume Narbó decir que si no se arreglaba "lo suyo" no iba a votar a favor de la concesión de agente urbanización a Blauverd. En ese sentido, los exconcejales ratificaron que la posibilidad de que la mercantil cediera a las presiones ejercidas sobre ella -es decir, la compra de los terrenos de Cano, Narbó y su padre como "peaje" para obtener la adjudicación de la urbanización del plan parcial Teuleria-La Paz sector 8- condicionaron el voto de Narbó en el pleno, quien según declararon fuentes consultadas por este diario, votó a favor de la adjudicación a Blauverd en último momento y después de haber recibido una llamada minutos antes de iniciarse el pleno en la que su interlocutor, presuntamente Juan Cano, le corroboró que podía dar luz verde con su voto a la adjudicación porque ya estaba todo "arreglado".
Con media hora de retraso respecto a su citación, los exediles declararon ayer ante la juez en una rápida intervención que apenas superó los 50 minutos de duración. Se trata de las primeras declaraciones judiciales por este asunto que vienen a corroborar la denuncia que realizó el que fuera responsable de Urbanismo, Juan Andrés Llorens, quien sostiene que hubo presiones detrás de la adjudicación a Blauverd de la urbanización del sector 8 de la localidad.
Entre Llorens y Narbó hubo un enfrentamiento que se hizo público y notorio a raíz de la adjudicación del sector. La actual alcaldesa de la localidad, que también testificó el pasado 14 de mayo, señaló ante la juez que el mismo día del pleno hubo una reunión del PP en la que quedó patente la mala relación entre ambos.
En la investigación que se sigue por este asunto en el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de La Vila están imputados el ex alcalde de la localidad, Juan Cano -que también lo está en la causa penal que se sigue por el asesinato del regidor Alejandro Ponsoda-; el exconcejal Narbó y el exingeniero municipal, José Vicente Martí. Mientras que a los dos primeros la juez les atribuye un presunto delito de tráfico de influencias, a Martí le imputa uno de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Crimen de Ponsoda
La causa que investiga irregularidades en la gestión del urbanismo de Polop entre los años 2000 y 2005 surgió a raíz de la que se sigue por el asesinato a tiros del predecesor de Cano en la Alcaldía, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007. Las pesquisas por la presunta trama urbanística se investigan al margen del asesinato al no exisitir relación entre ambas.
El exalcalde Juan Cano, uno de los beneficiados en la venta de las parcelas del sector 8 (que se vendieron a Blauverd dos semanas después de la adjudicación a la firma de la urbanización del sector por un precio 38 veces superior al de compra) estuvo en prisión provisional por su presunta implicación en el crimen.
