Detectan una trama de cobros ilegales para archivar expedientes

Llinares ha asegurado que desconoce el alcance que podría tener esa posible trama y si, además de a funcionarios o técnicos municipales, podría afectar a responsables políticos de los dos anteriores gobiernos locales.

Según el edil, ha sido el testimonio de un ciudadano el que ha puesto sobre aviso a los responsables municipales de la existencia de una supuesta trama que podría haber sido urdida desde dentro del ayuntamiento.

Llinares ha relatado que ese ciudadano acudió al consistorio "a pedir un certificado" que acreditara que "se había archivado" el expediente sancionador por infracción urbanística que se le abrió.

No obstante, y tras las comprobaciones oportunas, se verificó que "no consta que se haya pagado la sanción".

Fue entonces, según Llinares, cuando ese ciudadano explicó que "pagó 3.000 euros" a una persona que "le llamó" desde el ayuntamiento y que le había citado en un local de la ciudad para abordar el expediente sancionador.

Al parecer, la persona que acudió a la cita con el ciudadano afectado le mostró una factura por importe de 5.522,33 euros y le aseguró que "si pagaba 3.000 euros", el expediente quedaba archivado, según Llinares, quien ha dicho que este caso no sería aislado.

El edil ha afirmado que todo apunta a que las víctimas de esa práctica serían "personas mayores extranjeras", a "las que se detectaba" mediante el archivo informático del departamento de Urbanismo y a las que se pedía, al parecer de forma irregular, una cantidad inferior a la marcada por la sanción municipal a cambio de archivar el expediente.

Sin embargo, los expedientes no se archivaron.

Según el concejal de Urbanismo, serán los afectados "los que irán señalando a los responsables" de esa presunta trama.

Por su parte, fuentes del PP han considerado "un escándalo" que Llinares divulgue ahora esta información y no lo hiciera tiempo atrás.

Las mismas fuentes han remarcado que "si tiene pruebas", lo que debe hacer el edil es "ir al juzgado".