El Ayuntamiento de Polop de la Marina cerrará la actual legislatura con un pleno, convocado para el mediodía del próximo jueves y que, a priori, se presenta de lo más agitado. El exalcalde Juan Cano, arrestado en noviembre de 2009 por su presunta participación en el crimen de Alejandro Ponsoda y ahora en libertad provisional, ha forzado la convocatoria de una sesión extraordinaria para debatir la gestión económica municipal desde el año 2004, pero con la vista centrada en los dos últimos ejercicios, en concreto desde que, tras su arresto, se alzó con la vara de mando la actual alcaldesa, María Dolores Zaragoza, del PP. La solicitud de la convocatoria del pleno impulsada por Cano, que ahora sigue formando parte de la corporación como edil no adscrito, está respaldada por dos concejales del grupo popular, José Valero Más y Joaquín Montiel, y ha sido atendida por el secretario municipal en cumplimiento de la ley, después de que la alcaldesa no lo convocase en plazo.
En la moción elevada por Cano, el exalcalde deja claras sus intenciones: entre los motivos expuestos para considerar necesario un debate sobre las cuentas públicas, manifiesta que "se han destinado 600.000 euros provenientes de préstamos para inversiones de los años 2008 y2009 para atender el pago de gastos corrientes, siendo esto claramente irregular". También mantiene que la deuda con proveedores "ha aumentado desde el 2009 al 2010, multiplicándose por diez" y que "el remanente negativo de tesorería que se había conseguido poner en positivo en el año 2009, en 2010 vuelve a ser negativo". Por ello, no duda en manifestar que la gestión económica municipal "fue mucho más efectiva en el periodo de 2007 a 2009 -el primero, gobernado a medias por Ponsoda y el propio Cano; los dos siguientes, bajo el mandato del imputado- que en el último año 2010, contrariamente a lo defendido por la alcaldesa".
Cano pone también en duda el cumplimiento del plan de saneamiento municipal. Según manifiesta en la moción plenaria, "no se han dado explicaciones" sobre este plan, aprobado en noviembre de 2009 "y cuyo seguimiento debía de efectuarse por los responsables económicos del Ayuntamiento". Y, a continuación, carga de nuevo contra María Dolores Zaragoza, de la que afirma que "ha manifestado ante diversos medios que su gestión desde que accedió al cargo ha sido mejor que la anterior y que ha ahorrado dinero en diversos gastos", afirmaciones que el edil no adscrito pone en seria duda. Por ello, reclama "necesario aclarar la gestión económica efectuada entre los años 2007 al 2010" y añade que, "en caso de haberse cometido alguna irregularidad, se depuren las responsabilidades a que haya lugar". Por eso, concluye en su moción elevando a pleno que en caso de que se apreciaran posibles irregularidades, se efectuen "las denuncias que procedan encaminadas a salvaguardar los intereses del Ayuntamiento y del pueblo de Polop".
Detallado y particular análisis
Para acompañar la moción que centrará el debate del pleno, Juan Cano aporta un pormenorizado análisis de las cuentas públicas, en el cual, en el capítulo de conclusiones, asegura que la actual regidora "ha tirado por tierra el esfuerzo y el trabajo realizado en los dos años anteriores, debido a la deficiente gestión económica llevada a cado". Pese a que su moción va firmada por dos concejales del equipo de gobierno -Montiel, sin delegaciones; Valero, que es segundo teniente alcalde, lleva Deportes, Turismo y Fiestas, una de las áreas cuyos gastos Cano, y el propio Valero con su firma, exigen en la moción que se aclaren-, el exalcalde hace "responsable exclusiva" de la situación a Zaragoza, "ya que es ella quien autoriza y aprueba los gastos, despreocupándose también de incrementar los ingresos e inversiones".
Entre los datos aportados en este análisis, Cano apunta a que a 20 de noviembre de 2009 existía un superávit de 317.047,35 euros, mientras que a fecha 31 de marzo de 2011 el Ayuntamiento computa un déficit de 644.509,29 euros. Además, añade que el Ayuntamiento no está "atendiendo a los pagos" a proveedores y que, según sus cuentas, al cierre de marzo de este año se debía una cantidad de "2,056 millones" de euros.
