La tensión entre el constructor alicantino Enrique Ortiz y el Ayuntamiento de Benidorm aumenta. Ayer, el concejal de Urbanismo de esa población, Jaime Llinares, aseguró que la firma Ortiz e Hijos que explota la concesión de la estación de autobuses a través de su control en otra mercantil no ha ingresado en el Consistorio el canon previsto desde que estas instalaciones comenzaron a funcionar en 2007 y que estaba previsto en el pliego de condiciones. "No se ha pagado ni un céntimo ni tampoco se ha exigido", aseguró el edil, quien añadió que el canon debía haber sido requerido por el anterior gobierno del PP, bajo cuyo mandato en marzo de 2003 se adjudicó la construcción y la explotación de la estación a la UTE liderada por Ortiz e Hijos, administradora de Estación de Autobuses de Benidorm S.L.

El canon no es una cuestión baladí. En principio, no se puede calcular una cifra exacta de lo que ha dejado de ingresar por él el Ayuntamiento debido a que su cuantía está en función del volumen de negocio de toda el área de la estación, que además de la terminal de autobuses incluye también un hotel y una zona comercial. No obstante, esas mismas fuentes aseguraron que se trata de una "cantidad importante". La misma podría ser determinada en los próximos días por los servicios económicos del Ayuntamiento, que se han dirigido a la empresa explotadora del recinto para que le facilite datos concretos al respecto.

Por su parte, Llinares desveló además que en función del pliego de condiciones por el que acabó resultando adjudicataria Ortiz e hijos, esta mercantil obtuvo la máxima puntuación precisamente por su compromiso a pagar el canon de marras. Fue de hecho "un factor determinante", toda vez que le sirvió para superar por tan solo cinco puntos a la empresa que en el concurso de adjudicación quedó en segundo lugar .

El concejal de Urbanismo responsabilizó a los principales impulsores de este proyecto bajo el anterior gabinete de Manuel Pérez Fenoll, especialmente al ex concejal de Urbanismo José Ramón González de Zárate y al anterior responsable de Hacienda, Francisco Saval. Y recordó que en 2008 Saval autorizó a través de un decreto que Ortiz hipotecara la concesión una vez que la obra ya había finalizado y había entrado en funcionamiento. Gracias a esta operación, el empresario obtuvo 23 millones de euros de liquidez mediante un préstamo con una entidad financiera.

Un informe del interventor aseveró no obstante que debía haber sido el pleno -y no Saval, quien obtuvo potestad para firmar ese decreto después de que el alcalde le delegara una competencia- el que aprobara esa autorización. Ese dictamen del técnico municipal fue desvelado por el gobierno del actual alcalde, Agustín Navarro, después de la moción de censura que desalojó a los populares del poder en 2009.

En alusión a los diferentes procesos judiciales en los que está implicado Enrique Ortiz en la actualidad, Llinares añadió que "el actual equipo de gobierno está dispuesto a colaborar con la fiscalía anticorrupción y la administración de justicia para que puedan depurarse las presuntas responsabilidades jurídicas de la gestión de la estación".